La Justicia investiga los bienes y viajes de Manuel Adorni

La Justicia avanza en la investigación sobre Manuel Adorni

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara nuevas medidas para profundizar el análisis de su patrimonio y de sus viajes al exterior.

El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa. El objetivo es determinar si el funcionario mantiene un nivel de vida incompatible con sus ingresos declarados, una sospecha que incluye la existencia de propiedades no declaradas y viajes a destinos del Caribe.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la obtención de información detallada sobre inmuebles vinculados a Adorni, así como también datos sobre sus salidas del país y las de personas cercanas a su entorno.

El fiscal pidió informes sobre viajes al exterior

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en los viajes internacionales del funcionario, en particular una presunta visita a Aruba junto a su esposa.

Para avanzar con esta línea, el fiscal Pollicita envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de reconstruir los movimientos migratorios de los investigados.

El pedido incluye información sobre:

• Manuel Adorni
• Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario
• Marcelo Grandío, periodista y amigo del jefe de Gabinete

Según consta en la investigación, Grandío habría viajado con Adorni a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

Además, la fiscalía solicitó a compañías aéreas datos sobre los vuelos realizados, incluyendo:

• Planes de vuelo
• Rutas y escalas
• Horarios
• Identificación de quienes contrataron o pagaron los pasajes

El objetivo es reconstruir con precisión los itinerarios y las modalidades de traslado, para determinar si existen inconsistencias entre los viajes y los ingresos declarados.

Las propiedades bajo la lupa judicial

La investigación también se centra en dos inmuebles vinculados al funcionario que están bajo análisis judicial.

Uno de ellos es una casa ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz, que presuntamente estaría a nombre de su esposa.

El otro inmueble es el departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Para avanzar con la investigación, el fiscal pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires el historial completo de dominio de estas propiedades, incluyendo:

• Titulares
• Transferencias
• Escrituras
• Hipotecas
• Antecedentes registrales

La Justicia busca determinar si las operaciones inmobiliarias presentan irregularidades o inconsistencias con el valor de mercado.

La declaración clave de una escribana

En el marco de la causa, también fue citada a declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, quien intervino en la escrituración de las propiedades investigadas.

Su testimonio podría resultar clave para esclarecer los detalles de las operaciones inmobiliarias, en particular la compra del departamento de la calle Miró, que según la documentación fue adquirido por un monto considerablemente inferior al valor de mercado.

La hipoteca que despertó las sospechas

Las dudas sobre el patrimonio del funcionario crecieron luego de que trascendiera la existencia de una hipoteca no bancaria por más de 200.000 dólares vinculada a la propiedad investigada.

Según registros públicos, esa hipoteca habría sido otorgada por Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas.

El dato llamó la atención de los investigadores porque el préstamo representaría alrededor del 87% del valor de la propiedad.

La situación generó aún más interrogantes cuando, ante consultas periodísticas, las mujeres afirmaron no conocer a Adorni, pese a figurar como acreedoras de la hipoteca.

Una investigación que recién comienza

La causa todavía se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas. Las medidas solicitadas por la fiscalía apuntan a reconstruir con precisión el circuito de las operaciones inmobiliarias y los viajes realizados por el funcionario y su entorno.

En las próximas semanas, la Justicia analizará la documentación requerida para determinar si existen irregularidades patrimoniales o inconsistencias en las declaraciones del funcionario.