Favores millonarios y seguros en dólares: el circuito que rodea a Lucas Ghi y revive el fantasma del 'modelo Alberto'"

El escándalo de los seguros durante la gestión de Alberto Fernández dejó una marca profunda: expuso cómo un sistema pensado para proteger puede convertirse en una caja política cuando se manipulan intermediaciones, se direccionan contratos y se diluyen los controles. Lo que parecía un caso aislado en la cima del poder hoy encuentra ecos inquietantes en el conurbano bonaerense.

En Morón, la administración de Lucas Ghi empieza a mostrar rasgos que remiten a esa misma lógica: brokers sin licitación, pólizas en dólares y recursos públicos que terminan financiando intereses privados. La distancia entre Nación y municipio se acorta cuando los mecanismos se repiten. Y ahí es donde el problema deja de ser técnico para convertirse en un síntoma político.

En política, las formas importan tanto como los fondos. Y cuando ambas fallan, el problema deja de ser administrativo para convertirse en político. Eso es exactamente lo que comienza a emerger en el Municipio de Morón, donde la política de seguros expone inconsistencias, discrecionalidad y un patrón que, lejos de ser aislado, parece estructural.

El punto de partida es tan simple como inquietante: la designación de la firma Green Umbrella Broker S.A. no habría atravesado ningún proceso licitatorio. Una nota enviada al Banco de la Provincia de Buenos Aires habría bastado para abrirle la puerta a un negocio que involucraría millones de pesos mensuales.

Sin competencia, sin transparencia y sin control visible, el esquema ya arranca torcido.

La investigación que expone a Lucas Ghi

El periodista Pedro Ivanoff publicó en Tribuna de Periodistas, la trama que hasta ahora se movía en silencio. El trabajo revela posibles irregularidades de peso institucional en la política de seguros del Municipio de Morón, con un dato inicial que enciende todas las alarmas: la aparición de Green Umbrella Broker S.A. como intermediario habría sido habilitada a través de una simple nota dirigida al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin licitación ni mecanismos competitivos. En un esquema donde debería primar la transparencia, la ausencia de controles formales no solo resulta llamativa, sino que abre la puerta a interrogantes más profundos sobre la existencia de vínculos indebidos y el manejo discrecional de fondos públicos.

El Estado que paga, el privado que gana

El segundo eje es todavía más delicado. El Municipio firmó un convenio con PedidosYa para la cesión de un predio ferroviario en Haedo. Hasta ahí, una decisión discutible pero posible dentro de políticas de desarrollo urbano.

El problema aparece después: el seguro de responsabilidad civil del predio no lo paga la empresa, sino los vecinos de Morón. Un gasto mensual de $338.800 -equivalente a unos 242 dólares- que sale directamente de las arcas públicas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el Estado financia costos operativos de una empresa privada?

No es un detalle menor. La normativa es clara respecto a la imposibilidad de destinar recursos públicos a beneficios exclusivos de privados. La historia también lo es: casos similares terminaron con la caída de dirigentes como Juan Carlos Rousselot y condenas judiciales para funcionarios como Néstor Achinelli.

El escándalo Ward: dólares por una plaza

Si el caso PedidosYa genera ruido, lo del Colegio Ward directamente hace estallar cualquier lógica de proporcionalidad.

El convenio parecía, en principio, razonable: una esquina del predio cedida para una pequeña plaza barrial. Un gesto comunitario, un win-win. Pero los números cuentan otra historia.

El Municipio asumió el pago de una póliza anual de más de 15 mil dólares. Sí, en moneda extranjera. Sí, por una plaza con aros de básquet.

El contraste con valores históricos similares expone una desproporción difícil de justificar. Y en un contexto económico donde cada peso cuenta, la decisión de dolarizar este tipo de gastos resulta, como mínimo, provocadora.

Un patrón que se repite

Lo verdaderamente preocupante no es cada caso por separado, sino el patrón que emerge al mirarlos en conjunto.

Un broker designado sin licitación. Pólizas que se multiplican. Montos que escalan. Convenios con privados donde el Estado asume costos que no le corresponden.

No hay aún una sentencia judicial que determine delitos. Pero los indicios empiezan a acumularse en una dirección incómoda: posible abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y una administración de recursos que roza los límites legales.

Cuando el gasto público pierde su lógica, la política pierde legitimidad.

Responsables y silencio institucional

En el centro de este esquema aparecen nombres propios: el intendente Lucas Ghi, el secretario de Economía Guido Napolitano y la jefa de Gabinete Estefanía Franco.

No se trata solo de firmas en expedientes. Se trata de decisiones políticas que definen cómo se usan los recursos de miles de vecinos.

Y mientras tanto, los organismos de control -el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante- enfrentan su propio examen: actuar o convalidar.

Porque cuando el control se convierte en formalidad, la democracia se vacía de contenido.

La pregunta de fondo

Morón no discute solamente pólizas de seguros. Discute algo más profundo: qué límites tiene el poder local y quién los hace cumplir.

La política puede administrar recursos. Lo que no puede es naturalizar privilegios.

Y cuando lo hace, deja de gobernar para empezar a administrar sospechas.