30/03/2026
El Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR) de Necochea quedó bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobara la rendición 2024 con múltiples observaciones. El informe advierte sobre inconsistencias bancarias, fondos declarados sin respaldo, excesos presupuestarios millonarios y movimientos de dinero sin justificación. Aunque no se aplicaron sanciones graves, el caso expone serias dudas sobre la gestión financiera del organismo que depende de la municipalidad conducida por Arturo Rojas.
Uno de los puntos más sensibles del informe del Tribunal de Cuentas tiene que ver con la imposibilidad de verificar la existencia real de fondos declarados por el EMSUR al cierre del ejercicio 2024.
Según la documentación presentada por el organismo, el ente informó un saldo superior a 352 millones de pesos. Sin embargo, durante la auditoría no se pudo acreditar que ese dinero estuviera efectivamente disponible en caja o en cuentas bancarias.
Este tipo de observaciones es considerado crítico dentro de los controles contables del sector público, ya que pone en duda la confiabilidad de los estados financieros. En términos simples, el Tribunal advierte que los números declarados podrían no reflejar la situación real del organismo.
El informe también detectó serias inconsistencias en las conciliaciones bancarias, un mecanismo fundamental para verificar que los registros contables coincidan con los movimientos reales de las cuentas.
Entre las irregularidades señaladas aparecen:
De acuerdo con el propio Tribunal de Cuentas, si estas diferencias no logran justificarse podrían derivar en la consideración de fondos faltantes, lo que implicaría responsabilidades administrativas más graves para los funcionarios involucrados.

Otro de los puntos centrales del informe es el exceso en la ejecución del gasto público durante el año pasado.
Según el expediente, el EMSUR ejecutó más de 891 millones de pesos por encima del presupuesto aprobado para 2024.
Si bien una parte de ese monto fue compensada con mayores ingresos y economías en otras partidas, quedó un remanente superior a 23 millones de pesos sin respaldo financiero, lo que constituye una infracción a las normas de administración pública.
El Tribunal además remarcó que estos gastos fueron realizados "por insistencia" del presidente del ente, Sergio Giorello, es decir, pese a las advertencias de las áreas técnicas sobre la falta de crédito presupuestario disponible.
Este mecanismo, utilizado de manera reiterada, debilita los controles internos y habilita decisiones discrecionales sobre el uso de fondos públicos.
Otro punto cuestionado por los auditores fue el movimiento interno de fondos entre distintas partidas presupuestarias.
El Tribunal detectó una transferencia de más de 38 millones de pesos desde partidas destinadas a gastos corrientes hacia otras vinculadas a inversión.
El problema no radica solamente en el traslado de dinero, sino en la falta de documentación que justifique el cambio de destino, lo que dificulta el control sobre el uso real de los recursos públicos.

El informe también detalla errores técnicos en la contabilidad del ente que reflejan falencias estructurales en la gestión administrativa.
Uno de los casos más llamativos es una cuenta de "préstamos otorgados" que presenta un saldo acreedor de más de 16 millones de pesos, cuando por definición debería registrar un saldo deudor.
Además, los auditores detectaron diferencias entre los saldos informados por el organismo y los calculados durante la auditoría, producto de movimientos contables sin justificación.
Estas inconsistencias refuerzan el diagnóstico de un sistema contable poco confiable dentro del EMSUR.
A pesar del conjunto de observaciones detectadas, el Tribunal de Cuentas resolvió aprobar la rendición de cuentas 2024 del ente municipal.
Las únicas sanciones aplicadas fueron amonestaciones administrativas para la contadora del organismo, Agustina Larraburu, y el tesorero, Alejandro Chiarle.
Este tipo de sanción representa un llamado de atención formal, pero no implica penalidades económicas ni responsabilidades patrimoniales directas.
El caso del EMSUR muestra una situación particular dentro de la administración pública: una rendición de cuentas aprobada en términos formales, pero acompañada por un diagnóstico preocupante sobre la gestión financiera.
La falta de respaldo de fondos, los excesos presupuestarios millonarios, las inconsistencias bancarias y los errores contables configuran un escenario que deja interrogantes sobre la transparencia y el control del gasto público en el organismo municipal.
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