Nuevo golpe judicial al protocolo antipiquetes: lo declaran incompatible con el Estado de derecho

• El dictamen cuestiona la Resolución 943/23 por inconstitucional
• Señala violaciones a protesta, expresión y reunión
• Critica la intervención policial automática en manifestaciones
• La causa pasa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal
• Organizaciones impulsoras: Amnistía, CELS y SIPREBA

Dictamen fiscal: cuestionamiento de fondo al protocolo

El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen que pone en duda la legalidad del llamado protocolo antipiquetes. La resolución fue objetada por considerar que vulnera principios constitucionales básicos, especialmente los vinculados al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión.

La presentación judicial se enmarca en una causa que busca declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 943/23.

Esto es lo que deberíamos hacer en Argentina cuando aplican el protocolo antipiquetes.
Tim Walz, gobernador de Minnesota, pidió a los residentes que filmen a los agentes de ICE mientras realizan los operativos en los barrios para almacenar evidencia para un futuro procesamiento. pic.twitter.com/WkobgzNB8m

— fabio rosales (@fabiorosales2) January 15, 2026

El eje del conflicto: intervención automática de fuerzas

El punto central del cuestionamiento es la habilitación de intervención policial automática ante cortes o afectaciones a la circulación.

Según el fiscal, este criterio no contempla las particularidades de cada protesta ni evalúa la legitimidad de las manifestaciones, lo que contradice principios como la razonabilidad y la proporcionalidad.

Derechos en tensión: protesta versus circulación

El dictamen plantea que, frente a conflictos entre derechos, el Estado debe garantizar su ejercicio sin anularlos.

En ese sentido, sostiene que el derecho a la protesta social tiene una protección especial dentro del sistema constitucional, y que no puede ser desplazado de manera automática por la libre circulación.

"El problema no es la marcha. El problema es que la POLICÍA CORTA LA CALLE y pide documentos que acrediten que trabajás en esta cuadra"

jasjasjjasj hicieron el protocolo antipiquetes para evitar los cortes de calles y son los MISMOS POLICÍAS los que terminan cortando todo ? pic.twitter.com/s2b29tiyj3

— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) February 27, 2026

Organizaciones impulsoras del reclamo

La causa fue promovida por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y SIPREBA, que cuestionaron la normativa por considerarla restrictiva de derechos fundamentales.

Desde estos espacios remarcan que la protesta pacífica es un derecho protegido tanto a nivel constitucional como internacional.

La decisión pasa a la Cámara

Con el dictamen del Ministerio Público, el expediente avanza hacia la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Este tribunal deberá resolver si confirma la postura contraria al protocolo o si valida la posición del Estado.

La gente no le tiene miedo al teatro armado por #Milei y #Bullrich con el protocolo antipiquetes! pic.twitter.com/i5UDATjy0L

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 21, 2023

Un fallo con impacto institucional

La decisión que adopte la Cámara tendrá efectos directos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones.

Además, fijará criterios sobre los límites del poder estatal en contextos de protesta social y conflictividad.