28/03/2026
Un juzgado suspendió por 6 meses los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, fijando límite del 2% a aportes sindicales y resguardando el CCT 130/75 ante vencimiento paritario del 31 de marzo. La medida alcanza al sector comercio mientras se define su constitucionalidad.
Un juzgado federal de San Martín resolvió suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral. La decisión se adoptó mediante una medida cautelar en respuesta a un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.
La resolución establece que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de aplicar esas disposiciones dentro del ámbito del comercio mientras se analiza su constitucionalidad.
El planteo sindical advirtió que las normas podían afectar la continuidad de los convenios colectivos de trabajo. En particular, el CCT 130/75 fue señalado como uno de los acuerdos en riesgo.
Uno de los puntos centrales es el límite del 2% a los aportes sindicales. Según el reclamo, esa restricción podría reducir de forma significativa los recursos de las organizaciones gremiales y comprometer servicios sociales y de salud brindados a afiliados.

El juzgado consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado y riesgo de perjuicio inmediato. Este criterio se basó en la proximidad del vencimiento del acuerdo paritario del sector, fijado para el 31 de marzo.
La evaluación judicial indicó que la entrada en vigencia de los artículos cuestionados podía generar efectos concretos antes de que se resolviera la cuestión de fondo.
La medida dispone la suspensión de los artículos respecto del CCT 130/75 y otros acuerdos vinculados. También ordena mantener vigentes todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales.
Esto incluye expresamente las disposiciones relacionadas con aportes sindicales, garantizando su continuidad durante el período de vigencia de la cautelar.

La Ley de Modernización Laboral forma parte del programa de desregulación impulsado por el gobierno nacional. Desde su sanción, distintos sindicatos y centrales obreras presentaron impugnaciones en varias jurisdicciones del país.
El fallo del juzgado de San Martín se suma a una serie de resoluciones que ponen en revisión judicial aspectos clave de la normativa.
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