27/03/2026
La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena que obligaba al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. El tribunal ratificó además que la empresa fue exculpada correctamente en el proceso de estatización, aunque las partes todavía pueden recurrir a la Corte Suprema norteamericana.
La República Argentina obtuvo este viernes un triunfo estratégico en los tribunales de los Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una resolución que revierte el fallo de primera instancia que condenaba al Estado nacional a pagar una cifra multimillonaria tras la nacionalización de la mayoría accionaria de YPF durante el último mandato de Cristina Kirchner.
El conflicto legal, que se extiende desde el año 2015, había tenido un capítulo crítico en 2023. En aquel entonces, la jueza Loretta Preska resolvió que Argentina había violado el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación liderado por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena que obligaba al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
Aquella sentencia de primera instancia establecía un resarcimiento de US$16.000 millones a favor de los demandantes, quienes sostenían que el país debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones.
Sin embargo, el tribunal revisor de Nueva York decidió dar marcha atrás con esa interpretación, aliviando la carga financiera sobre las reservas del Banco Central y el Tesoro Nacional. En su fallo, la Cámara no solo favoreció la postura del Estado argentino, sino que también validó la decisión previa de exculpar a la petrolera YPF de cualquier responsabilidad legal en el proceso de soberanía energética iniciado hace más de una década.
A pesar de este avance significativo para la defensa argentina, el proceso judicial no ha concluido de forma definitiva. El fallo de la Cámara de Apelaciones representa la anteúltima instancia del sistema legal estadounidense; ahora, los fondos demandantes tienen la posibilidad de elevar el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para un veredicto final.
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