Incertidumbre y alerta en Chapadmalal: trabajadores denuncian despidos masivos ante la privatización del complejo

La histórica Unidad Turística Chapadmalal, emblema del descanso popular al sur de Mar del Plata, se encuentra en el centro de un conflicto social y laboral que crece hora tras hora. El anuncio oficial de que el complejo será concesionado a privados por tres décadas incluyó un dato que encendió todas las alarmas: el desplazamiento total de la plantilla de trabajadores que hoy mantiene vivo el predio.

Para quienes día a día sostienen los hoteles y servicios de la colonia, el anuncio del Jefe de Gabinete no fue una sorpresa, pero sí una confirmación de sus peores temores. Según denuncian los delegados, la medida impacta directamente en el sustento de decenas de hogares de la zona: La información que circula en la Jefatura de Gabinete indica que la concesión vendría acompañada de la desvinculación de todos los empleados actuales.

Se estima que 60 familias de General Pueyrredon dependen directamente del funcionamiento de Chapadmalal. "Nos enfrentamos a momentos muy inciertos, no hay respuestas y no tenemos un panorama claro", expresaron desde el sector trabajador.

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Los empleados aseguran que, desde que fueron absorbidos por la Jefatura de Gabinete el año pasado, han quedado en un "limbo" administrativo sin nadie que les brinde certezas sobre sus indemnizaciones o continuidad.

Desde la delegación regional de UPCN, la respuesta al anuncio de Manuel Adorni fue tajante. El gremio cuestionó tanto el fondo como la forma de la privatización: Calificaron la movida oficial como una "venta de humo", señalando que el proceso de privatización lleva meses estancado y sin definiciones claras sobre los pliegos o las condiciones de la entrega.

Denuncian que, mientras se espera la llegada de inversores, el funcionamiento del complejo se ha visto afectado intencionalmente, dejando a los trabajadores "sosteniendo a los compañeros" sin recursos básicos.

Tras el anuncio de Manuel Adorni sobre la concesión por 30 años de la Unidad Turística, 60 familias denuncian que serán desplazadas. Desde el gremio UPCN califican la medida como una "venta de humo" y advierten sobre el desmantelamiento del turismo social.

Para los trabajadores, la concesión no solo es una amenaza a sus empleos, sino también al carácter social del complejo, que históricamente permitió el acceso al mar a sectores que no pueden costear los precios del mercado privado.

Desde el Gobierno, la visión es opuesta. Adorni sostuvo que la medida busca atraer inversiones que el Estado no puede realizar para "restaurar y elevar la calidad del complejo". Según el funcionario, el objetivo final es achicar el gasto público y que el predio pase a estar "al servicio de la gente", aunque bajo una administración empresarial que priorice la eficiencia de costos.