10/03/2026
La morosidad en créditos, tarjetas y billeteras virtuales se dispara y ya advierten por una ola de juicios por deudas.
La morosidad en préstamos, tarjetas y créditos digitales se multiplicó se multiplicó en los últimos años y encendió alarmas entre especialistas y organismos de defensa del consumidor. Los datos muestran un salto significativo en los niveles de incumplimiento de pagos durante los últimos dos años.
El sistema financiero registró una tasa de irregularidad del 9,3%, muy por encima del 2,5% que se observaba a comienzos de 2024. Este incremento triplica los niveles de mora y marca uno de los aumentos más pronunciados de las últimas dos décadas. Sin embargo, la mayor preocupación se concentra fuera del sistema bancario tradicional.
En el sector de las billeteras virtuales y plataformas de crédito digital, las familias pasaron de destinar el 22% de sus ingresos a pagar deudas a fines de 2024 a comprometer actualmente el 34% de sus recursos mensuales.

Las billeteras virtuales -también conocidas como proveedores de servicios de pago (PSP)- concentran hoy los niveles más altos de incumplimiento del sistema.
La facilidad para acceder a créditos digitales, muchas veces en cuestión de minutos y desde el celular, amplió el alcance del financiamiento, especialmente entre sectores de menores ingresos. Pero esa accesibilidad también trajo aparejado costos financieros elevados.
En este segmento, la deuda promedio de los usuarios equivale actualmente a un 140% de sus ingresos mensuales, un indicador que revela la magnitud del sobreendeudamiento.
Además, los créditos considerados "irrecuperables" se duplicaron en apenas un año, lo que refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
El avance del sobreendeudamiento ya comenzó a trasladarse al sistema judicial. Los especialistas advierten que la judicialización de las deudas de consumo será uno de los principales conflictos legales de 2026
Especialistas advierten que, sin marcos regulatorios específicos para abordar el endeudamiento de consumo, el sistema judicial podría enfrentar una masiva saturación de causas por cobro de deudas, mientras miles de personas quedarían expuestas a situaciones de exclusión económica y conflictos legales prolongados.
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