Evasión en la AFA: Blanco y Malaspina negaron ante la Justicia haber participado en maniobras

Dirigentes de la AFA negaron responsabilidad ante la Justicia

Los dirigentes del fútbol argentino Víctor Blanco y Cristian Malaspina presentaron escritos ante la Justicia para negar cualquier participación en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunta evasión fiscal.

La investigación analiza una supuesta retención indebida de aportes y tributos por más de $19.300 millones vinculados al pago de impuestos y contribuciones de seguridad social.

Tras presentarse en los tribunales de Comodoro Py, Blanco -quien fue secretario general de la AFA hasta 2024- aseguró que ya no tiene responsabilidad dentro de la entidad.

"No soy más dirigente de la AFA", afirmó al retirarse del juzgado.

El exdirectivo también pidió su sobreseimiento, al sostener que no manejaba los mecanismos administrativos relacionados con los pagos fiscales.

"No me ocupaba de la parte contable ni operaba la clave fiscal con la que se realizan los pagos", explicó.

La investigación judicial y los próximos pasos

La causa está a cargo del juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico.

El magistrado comenzó la ronda de indagatorias con Malaspina y Blanco. En los próximos días deberán declarar otros dirigentes de la cúpula del fútbol argentino.

El cronograma judicial prevé:

• El 11 de marzo la declaración del tesorero Pablo Toviggino

• El 12 de marzo la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que actúa como querellante en el expediente.

Qué se investiga en la causa

Según el organismo recaudador, la AFA habría retenido tributos y aportes previsionales sin depositarlos dentro del plazo legal correspondiente.

Entre los impuestos bajo análisis se encuentran:

• Retenciones de IVA

• Retenciones del Impuesto a las Ganancias

• Contribuciones de seguridad social

De acuerdo con la normativa vigente, estos montos deben ser transferidos al fisco dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.

Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

Inicialmente, la denuncia hablaba de una presunta deuda de $7.593 millones, pero luego se sumaron nuevos montos hasta alcanzar más de $19.300 millones.

Las pruebas que analiza la Justicia

Para avanzar con las indagatorias, el juez Amarante analizó un informe técnico sobre el movimiento financiero de la AFA.

Según ese documento, la entidad registró ingresos millonarios durante el período investigado.

En diciembre de 2024, por ejemplo, se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones, mientras que durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones.

Además, el informe señala que durante esos años la AFA constituyó depósitos a plazo fijo en pesos y dólares, lo que también quedó bajo análisis judicial.

El testimonio clave dentro del expediente

Uno de los testimonios centrales fue el de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA.

La especialista explicó que las decisiones administrativas dentro de la institución dependen principalmente de tres cargos:

• Presidente

• Secretario

• Tesorero

Bouvet detalló que su área confecciona las declaraciones juradas a través del sistema fiscal correspondiente y luego comunica los vencimientos a las autoridades.

"Todos los vencimientos son informados por mail y posteriormente se envía un cuadro con la deuda acumulada. Luego se recibe la instrucción para realizar el pago", declaró ante la Justicia.

La defensa de Tapia y la posible pena

La defensa del presidente de la AFA sostiene que no existió delito, ya que la deuda habría sido cancelada posteriormente.

Por ese motivo, solicitaron la nulidad del llamado a indagatoria, aunque el juez rechazó el planteo y mantuvo las citaciones.

Desde el punto de vista penal, la figura investigada contempla penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite los tributos dentro del plazo legal cuando el monto supera los $100.000 mensuales.