06/03/2026
La iniciativa impulsada por el diputado entrerriano Guillermo Michel propone establecer reglas claras para el uso de teléfonos móviles en los distintos niveles educativos. El objetivo es mejorar las condiciones pedagógicas, evitar distracciones en clase y proteger la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
El diputado nacional Guillermo Michel presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas argentinas. La iniciativa plantea establecer criterios claros para cada nivel educativo con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y reducir las distracciones durante la jornada escolar.
Según explicó el legislador a través de sus redes sociales, la propuesta apunta a "garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y promover la convivencia escolar".
La iniciativa surge en medio de un debate cada vez más presente en el sistema educativo sobre el impacto que tienen los dispositivos móviles en el rendimiento académico y en la dinámica dentro de las aulas.
En los fundamentos del proyecto, Michel sostiene que el uso no regulado de celulares durante el horario escolar genera efectos negativos en la educación.
"El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar y afecta negativamente los procesos de enseñanza", señaló el diputado.
Además, advirtió que también existen consecuencias vinculadas a la salud y al bienestar de los estudiantes.
De acuerdo con distintos estudios educativos citados en el proyecto, el uso excesivo de pantallas puede impactar en la salud física, mental y socioemocional de los chicos, además de dificultar la interacción social dentro del aula.

El proyecto establece distintas reglas según el nivel escolar.
Para el jardín de infantes, la propuesta es clara: prohibir el uso de celulares durante toda la jornada escolar.
Además, el texto establece que las instituciones educativas no podrán solicitar ni promover que los alumnos asistan con dispositivos móviles.
En las escuelas primarias también se propone una prohibición general del uso de celulares durante toda la jornada educativa.
Esto incluye:
Horario de clases
Recreos
Actividades extracurriculares
Cualquier actividad dentro del establecimiento escolar
El proyecto contempla que, si los estudiantes llevan celulares al colegio, deberán entregarlos al ingresar al personal designado por la institución, que será responsable de guardarlos de manera segura hasta el final de la jornada. Otra opción será mantenerlos apagados y fuera de uso.
En el caso de las escuelas secundarias, el proyecto plantea una regulación más flexible.
Los estudiantes podrán utilizar celulares solo cuando exista una finalidad pedagógica, en situaciones vinculadas a necesidades educativas especiales o ante situaciones de emergencia.
Michel explicó que los dispositivos pueden convertirse en herramientas útiles dentro del aula cuando su utilización forma parte de una planificación educativa.
"Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica", señaló el legislador.

El proyecto también se apoya en debates y experiencias recientes dentro de la comunidad educativa. Según Michel, la propuesta surgió a partir de intercambios con docentes, directivos, especialistas en educación y estudios científicos sobre el impacto de la tecnología en las aulas.
"Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes", afirmó.
El objetivo, agregó, es establecer un marco común en todo el país que garantice el derecho a la educación y al mismo tiempo proteja la salud de los alumnos.
La propuesta no pretende eliminar completamente la tecnología del aula, sino ordenar su uso y establecer criterios claros para todo el sistema educativo.
En ese sentido, Michel remarcó que la implementación deberá realizarse en coordinación con las provincias, que tienen la responsabilidad de gestionar los sistemas educativos.
"La iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país", concluyó.
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