San Isidro: desde el Vaticano confirmaron la culpabilidad de un cura por abuso y le prohibieron acercarse a menores

El Vaticano confirmó esta semana la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso de un menor y ratificó una serie de sanciones canónicas que incluyen la prohibición perpetua de ejercer oficios eclesiásticos y la restricción absoluta para acercarse a menores.

La decisión fue comunicada por el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede al obispo diocesano Guillermo Caride, tras rechazar la apelación presentada por el presbítero Damián Rodríguez Alcobendas, de 68 años.

El órgano vaticano confirmó la responsabilidad del sacerdote por un delito grave contra el sexto mandamiento, cometido con un menor, dentro de un proceso administrativo penal canónico.

La resolución ratifica la prohibición perpetua de ejercer todo oficio eclesiástico, incluso funciones directivas o administrativas en parroquias, seminarios e institutos vinculados a la Iglesia.

Además, se le impide desempeñar cargos bajo dependencia de autoridades eclesiásticas y ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Tampoco podrá asumir tutorías ni brindar asesoramiento a menores en ningún ámbito.

La Santa Sede dispuso, a su vez, una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal.

El comunicado recibido por Guillermo Caride establece que, en caso de incumplimiento de las penas impuestas, se aplicará la sanción de dimisión del estado clerical. En palabras del Obispado de San Isidro: "Se le ha impuesto un precepto penal disponiendo que, en caso de incumplimiento de la pena aplicada, se lo sancionará con la dimisión del estado clerical".

La Iglesia Diocesana de San Isidro manifestó su cercanía con la víctima y expresó: "Manifestamos nuestra cercanía con la víctima de este delito grave; le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido, y le aseguramos nuestro compromiso y oración por su vida". Asimismo, extendió el mensaje a otras personas afectadas: "Extendemos esta cercanía a todas las víctimas de abuso, reafirmando nuestra disposición permanente a escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad y respeto, trabajando con firmeza para que prevalezca el cuidado de cada persona en nuestra diócesis".

Según el Obispado, la decisión marca un precedente en el tratamiento de denuncias y sanciones dentro del ámbito eclesiástico respecto de los delitos contemplados contra el sexto mandamiento y la protección de menores.