06/02/2026
El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro endureció la situación procesal de Agostina Páez (29). Argumentan riesgo de intimidación a las víctimas. En Argentina, la Fundación Apolo denunció el caso ante Cancillería por considerarlo "desproporcionado".
La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez se complicó drásticamente en las últimas horas. Tras el incidente ocurrido a mediados de enero en un bar del exclusivo barrio de Ipanema, donde fue acusada de realizar gestos y proferir insultos racistas contra empleados del lugar, la justicia brasileña dictó su prisión preventiva.
La justicia carioca aplicó la ley de injuria racial, un delito que en Brasil no es excarcelable y contempla penas de 2 a 5 años de prisión. El juzgado consideró que, en libertad, la imputada podría intimidar a los testigos y a las víctimas, afectando la imparcialidad de los testimonios.
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Hasta el momento, Páez se encontraba bajo monitoreo con tobillera electrónica, con el pasaporte incautado y prohibición de salida del país, alojada en una vivienda alquilada. Brasil ha endurecido recientemente su legislación contra el racismo, equiparando la injuria racial al delito de racismo, lo que limita las posibilidades de libertad condicional durante el proceso.
?Le dieron prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro
?El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro endureció la situación procesal de Agostina Páez (29). Argumentan riesgo de intimidación a las víctimas. En Argentina, la Fundación Apolo... pic.twitter.com/HpJjqdgdhA
En Argentina, la Fundación Apolo presentó un pedido formal ante el canciller Pablo Quirno para que el Estado intervenga en defensa de la ciudadana argentina. Consideran que dictar prisión preventiva sin una condena firme vulnera estándares internacionales de derechos humanos.
La defensa alega que existen videos previos donde se observa a un empleado del bar realizando gestos obscenos hacia Páez y su acompañante, lo que habría provocado la reacción de la abogada, atenuante que no habría sido valorado por el juez. Critican que no se evaluaron alternativas menos gravosas dada su situación de vulnerabilidad como mujer extranjera en un sistema penal ajeno.
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