Cuenca del Río Salado: obras paralizadas y promesas incumplidas

La reactivación de las obras del Plan Maestro del Río Salado continúa con su parcialidad. En el centro bonaerense, este caso expone con crudeza el impacto territorial del modelo económico impulsado por Javier Milei.

Pese a las promesas realizadas a la Mesa de Enlace a fines de septiembre de 2025, el Estado nacional solo reactivó tareas en uno de los tres subtramos comprometidos del Tramo IV.2, que abarca 30 kilómetros entre Lobos y Roque Pérez. Los otros dos siguen paralizados.

Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor y coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP, advirtió que postergar definiciones puede tener costos difíciles de revertir. "El cauce del Salado ha bajado de manera sustancial y eso genera las mejores condiciones para retomar los trabajos que estaban paralizados", sostuvo. Y fue más allá: si las obras no se reactivan ahora, una nueva crecida podría volver a trabar la logística y postergar todo el cronograma.

El propio Larrañaga remarcó que la reanudación total depende de una decisión política y de la regularización de deudas con las contratistas. Según detalló, el Gobierno nacional mantiene compromisos impagos por trabajos ya ejecutados y certificados, lo que derivó primero en la ralentización y luego en la paralización total de la obra a comienzos de 2025.

A la falta de ejecución se suma un reclamo central: la administración del Fondo Hídrico Nacional, financiado con gravámenes al consumo de nafta y GNC. Desde el Consejo Asesor señalaron en noviembre que el propio Gobierno reconoció que el fondo acumulaba alrededor de $175 mil millones, cifra que luego habría superado los $190 mil millones.

El reclamo no es solo productivo. La Cuenca del Salado abarca unas 17 millones de hectáreas, más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, y recibe escurrimientos de Córdoba, La Pampa y San Luis. La falta de obras impacta de lleno en localidades que conviven desde hace décadas con inundaciones recurrentes y pérdidas económicas persistentes.

Mientras el Gobierno nacional mantiene paralizadas obras estratégicas y fondos específicos sin ejecutar, la presión se traslada a los territorios. Productores, intendentes y entidades coinciden en el diagnóstico. La ventana climática está abierta, pero el margen de espera se achica. Y el costo de seguir postergando decisiones, advierten, podría volver a pagarse en inundaciones, pérdidas productivas y tensión social.