La motosierra arrasa caminos: un informe alerta sobre el deplorable estado de las rutas nacionales en la provincia

El estado de las rutas nacionales dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una experiencia diaria para quienes circulan por la provincia de Buenos Aires. Baches profundos, calzadas deformadas, señalización inexistente y obras paralizadas conforman un escenario que impacta de lleno en la seguridad vial, la producción y los costos logísticos.

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Un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG) pone cifras concretas a ese deterioro y lo vincula de manera directa con la fuerte reducción de la inversión pública impulsada por el gobierno nacional bajo la política de déficit cero.

MENOS INVERSIÓN, MÁS RIESGO VIAL

El relevamiento, difundido durante la segunda semana de enero de 2026, advierte que el 50% de las rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense se encuentra en mal estado. Según el informe, este proceso se explica por el derrumbe del gasto de capital destinado a infraestructura vial.

En términos reales, la inversión cayó un 80% en 2025 respecto de 2023, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad redujo un 82% sus partidas para la provincia de Buenos Aires. Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan un escenario aún más restrictivo.

UNA DECISIÓN POLÍTICA SOSTENIDA

Desde el IAG sostienen que no se trata de un problema coyuntural ni de fallas puntuales de gestión, sino de una decisión política de fondo. Durante la administración anterior, el 23% de la red vial nacional estaba en mal estado; hoy ese número asciende al 29%, lo que implica un aumento de seis puntos porcentuales.

En paralelo, los kilómetros considerados en buen estado pasaron del 54,9% al 47,5% del total. "El equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional se construyó en parte reduciendo a mínimos históricos la inversión en infraestructura", señala el informe, que agrega que el 25% del ajuste fiscal total se explica por el desplome del gasto de capital.

BUENOS AIRES, EL EPICENTRO DEL IMPACTO

El retroceso del Estado nacional golpea con fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde el repliegue de Nación obligó al gobierno bonaerense a proyectar para 2026 una inversión en infraestructura de 3,2 billones de pesos, una cifra similar a la que el gobierno nacional planea destinar al conjunto del país.

El retroceso del Estado nacional golpea con fuerza las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires.

El deterioro no solo se refleja en estadísticas, sino también en conflictos concretos. En Ramallo, la Ruta Nacional 9 fue objeto de una medida cautelar impulsada por el intendente Mauro Poletti, que obligó a la empresa estatal Corredores Viales S.A. a realizar reparaciones que, según denuncian vecinos y transportistas, duraron apenas unos meses.

PEAJES MÁS CAROS, OBRAS AUSENTES

"Hoy el peaje cuesta 1.300 pesos, aumentó más del 400%, pero el gobierno nacional no es capaz de tapar un bache", cuestionó Poletti, al comparar la situación actual con gestiones anteriores, cuando el mantenimiento se sostenía con tarifas mucho menores.

Escenas similares se repiten en distintos puntos de la provincia: en Roque Pérez los parches fueron provisorios; en América un vecino se acostó dentro de un pozo de la Ruta 33 para visibilizar el reclamo; y en Chivilcoy una conductora dejó de pagar el peaje de la Ruta 5 bajo la consigna "estamos pagando un peaje hacia la muerte", que se viralizó en redes sociales.

RECAUDACIÓN MILLONARIA, EJECUCIÓN MÍNIMA

El informe también expone la brecha entre lo que el Estado nacional recauda y lo que efectivamente invierte. Solo en 2024, la Nación obtuvo más de 2,5 billones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles, que por ley destina el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Sin embargo, de los 349 mil millones que debían ejecutarse en Vialidad Nacional, solo se utilizaron 149 mil millones.

Una lógica similar se repite con el Impuesto PAIS: del 28,2% que debía destinarse a obra pública, apenas se ejecutó el 2%, profundizando el abandono de la red vial.

PRIVATIZACIÓN Y UN COSTO FUTURO MAYOR

Mientras tanto, el gobierno nacional avanza con la intervención y el plan de privatización de Corredores Viales S.A., bajo la premisa de que la infraestructura debe gestionarse con criterios de rentabilidad privada. El IAG advierte que este enfoque ignora una realidad básica: las rutas siguen siendo utilizadas a diario y el tránsito pesado continúa degradándolas.

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Según el informe, no intervenir hoy implica reconstruir mañana a un costo entre cinco y diez veces mayor. "Lo barato sale carísimo", sintetizan, al describir un escenario de rutas descapitalizadas, recursos recaudados pero no ejecutados y un Estado nacional que se retira de funciones básicas.