Inquilinos al límite: el alquiler ya absorbe hasta el 100% de los ingresos en 1 de cada 4 hogares

La crisis habitacional en la Argentina ha cruzado un umbral crítico. Lo que antes era una transición hacia la casa propia hoy es, para millones, un factor de empobrecimiento directo. Según los últimos relevamientos nacionales, el costo del alquiler se ha vuelto tan asfixiante que en el 25% de los hogares inquilinos se destina entre el 60% y el 100% de los ingresos totales solo a cubrir el techo, dejando márgenes nulos para la supervivencia básica.

Con contratos que promedian los dos años de duración y aumentos trimestrales atados a la inflación, la incertidumbre económica ha forzado a las familias a tomar medidas desesperadas.

A dos años de la desregulación del mercado, la vivienda propia es un sueño inalcanzable y el alquiler una "trampa estructural".

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La radiografía de la precariedad: Casi el 50% de los inquilinos se vio obligado a buscar un segundo o tercer trabajo para no ser desalojado. El 70% de los trabajadores percibe menos de $1.000.000, mientras que la canasta básica para no ser pobre ya supera los $1.300.000. Solo el 38,5% de las familias inquilinas logra garantizar las cuatro comidas diarias. El resto ha tenido que recortar alimentos, salud y vestimenta para priorizar el pago de la vivienda.

Endeudarse para vivir: el círculo vicioso

El endeudamiento ya no es para consumo o inversión, sino para "no quedar en la calle". En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 77% de los hogares que pidieron préstamos lo hicieron para pagar el alquiler o las expensas.

Un jubilado con la mínima ($410.880) debe destinar cerca del 80% de su haber para pagar un monoambiente, quedando en una situación de vulnerabilidad extrema ante aumentos de servicios y medicamentos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 77% de los hogares que pidieron préstamos lo hicieron para pagar el alquiler o las expensas.

La desregulación ha traído consigo una mayor rotación y costos de mudanza constantes. El 64% de los contratos no supera los dos años de duración y 7 de cada 10 inquilinos sufren actualizaciones cada 90 días. A este panorama se suma el cobro de comisiones inmobiliarias, que sigue aplicándose incluso en distritos donde la ley lo prohíbe, sumando una carga extra a economías domésticas ya agotadas.