"Me llamó para pedirme explicaciones": fuerte cruce entre Carrió y el fiscal que allanó a Matías Yofe

El allanamiento a Matías Yofe, imputado en una causa por "extorsión agravada", no solo activó una investigación penal sino que abrió un conflicto institucional de alto voltaje. La intervención directa de Elisa Carrió, jefa política del espacio, y las denuncias públicas contra el fiscal que instruye el expediente profundizaron la tensión y colocaron el caso en el centro de la escena política y judicial bonaerense.

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Lo que comenzó como una denuncia radicada en los tribunales de Pilar derivó en una disputa que expone presiones, cruces de poder y cuestionamientos al accionar del Ministerio Público, en un expediente que sigue sumando capítulos.

EL ALLANAMIENTO QUE DESATÓ EL CONFLICTO

La medida judicial fue dispuesta por el fiscal Germán Camafreita a partir de una denuncia por presuntas maniobras extorsivas. Según la acusación, Yofe habría intervenido en acciones destinadas a condicionar declaraciones judiciales, una imputación que el dirigente niega pero que motivó un procedimiento de alto impacto.

El allanamiento se realizó en Villa Rosa mientras Yofe no se encontraba en el lugar. La diligencia incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación, y fue rápidamente calificada por Elisa Carrió como un "mensaje mafioso", dando inicio a una ofensiva política contra la fiscalía.

EL LLAMADO QUE QUEDÓ REGISTRADO

La tensión escaló cuando Camafreita elevó un informe interno a sus superiores del Ministerio Público bonaerense. Allí dejó constancia de una serie de llamados telefónicos recibidos durante el allanamiento, entre ellos uno atribuido a Carrió.

Según el documento oficial, la dirigente lo llamó para exigirle explicaciones y le advirtió sobre las consecuencias de avanzar con la causa. El fiscal consignó frases atribuidas a Carrió como que "no sabía en lo que se estaba metiendo" y que su accionar tendría represalias. El informe también fue remitido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, lo que le dio al conflicto una dimensión institucional.

El fiscal de la causa Yofe denunció "aprietes" por parte de Carrio.

RESPALDO POLÍTICO Y SILENCIO FORMAL

Desde la Coalición Cívica evitaron pronunciarse oficialmente sobre el contenido del informe, pero ratificaron su respaldo político a Yofe y cuestionaron el procedimiento judicial. Carrió no solo acompañó al dirigente a la fiscalía sino que asumió públicamente su defensa, transformando una causa penal en un tema de disputa política.

El fiscal, por su parte, sostuvo su actuación y dejó asentado que también recibió audios de la defensa de Yofe y otros intentos de contacto vinculados al entorno del imputado, en un contexto que describió como de presión directa.

LA CAUSA POR EXTORSIÓN

El expediente investiga un presunto intento de extorsión en el que se habrían utilizado datos personales, advertencias laborales y promesas de beneficios para condicionar testimonios. En ese marco, Yofe aparece mencionado como partícipe de un encuentro clave, una versión que su defensa rechaza y califica de inconsistente.

Sin embargo, la fiscalía avanzó con medidas de prueba, entre ellas el secuestro de teléfonos y computadoras, cuyo contenido será peritado tras la autorización judicial. La defensa ya anticipó que pedirá la nulidad del allanamiento, argumentando supuestas irregularidades en el procedimiento.

UNA DISPUTA QUE EXCEDE EL EXPEDIENTE

El trasfondo del caso expone un choque entre el poder político y el sistema judicial. La intervención directa de una dirigente con peso histórico y la reacción del Ministerio Público colocaron la causa en un plano que excede lo estrictamente penal.

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Mientras la investigación por extorsión sigue su curso en Pilar, el conflicto continúa escalando en el terreno institucional. El expediente avanza, pero también lo hace una discusión más amplia sobre presiones, límites y el rol de la Justicia frente al poder político.