El Gobierno reestructuró la SIDE: se le otorgó mayores facultades

En una decisión que redefine el control de la información estratégica en el país, el presidente Javier Milei oficializó este viernes una profunda reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mediante el DNU 941/2025, el Poder Ejecutivo introdujo cambios estructurales que, según el texto oficial, buscan modernizar el sistema ante nuevas amenazas geopolíticas y tecnológicas, aunque la celeridad del decreto despertó fuertes críticas en el arco político opositor.

Actividades "encubiertas" y nuevos sujetos de inteligencia

Uno de los puntos que mayor controversia ha generado entre los analistas es la nueva terminología adoptada por la normativa. El decreto establece que todas las acciones del sistema de inteligencia nacional pasarán a tener "carácter encubierto", una distinción técnica que difiere del tradicional rótulo de "secreto" utilizado en gestiones anteriores. Esta modificación habilita un marco de acción más amplio y opaco para las operaciones que se realicen en el territorio nacional y el exterior.

Asimismo, la reforma amplía el alcance de la red de inteligencia al disponer que los ministerios, organismos y entes descentralizados de la administración pública pasen a ser sujetos activos de contrainteligencia. Esto implica que diversas dependencias del Estado que anteriormente no tenían funciones de espionaje ahora estarán integradas formalmente en las tareas de detección y neutralización de amenazas internas y externas.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno nacional reformó la Ley de Inteligencia Nacional para reestructurar el sistema de espionaje.

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El Gobierno argumentó que la utilización de un decreto de necesidad y urgencia fue indispensable debido a la imposibilidad de esperar los tiempos del debate legislativo ordinario. Entre los considerandos, se destaca la intención de eliminar superposiciones normativas y fortalecer los controles internos, en un intento por dotar de mayor eficiencia a una estructura que el oficialismo considera obsoleta frente al crimen organizado y la ciberdelincuencia.