El Gobierno promulgó el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional dio el paso final para la puesta en marcha de su programa financiero al promulgar la Ley de Presupuesto 2026. Se trata de un hito para la gestión de Javier Milei, ya que es la primera ley de gastos y recursos que logra aprobar el Congreso tras dos años de mandato. La normativa proyecta un gasto total de $148 billones y ratifica la premisa del equilibrio fiscal como eje central.

Las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto

El esquema diseñado por el Ministerio de Economía para el presente año establece metas ambiciosas en cuanto a la recuperación y estabilidad del país:

• Crecimiento: Se prevé un aumento del 5% del PBI.

• Inflación: El Gobierno proyecta una estrepitosa caída del índice de precios, situándolo en un 10,1% anual.

• Tipo de cambio: Se estima que el dólar alcanzará los $1.423 para diciembre de 2026.

• Superávit: La ley garantiza un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%.

En cuanto al destino de los fondos, la mayor parte de la torta presupuestaria se volcará a servicios sociales (106,5 billones). Además, el texto destaca incrementos específicos en áreas sensibles: un 17% de suba en Salud, un 8% en Educación (con $4,8 billones destinados a universidades) y un 5% en jubilaciones.

Tras ser sancionadas por el Senado a fines de diciembre, ambas normativas fueron oficializadas este viernes 2 de enero en el primer Boletín Oficial del año.

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Ley de Inocencia Fiscal

En paralelo, se oficializó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta que busca reactivar el consumo y la inversión utilizando los ahorros que los ciudadanos mantienen fuera del circuito bancario. Este régimen permite a los contribuyentes utilizar hasta $100 millones de sus ahorros sin enfrentar multas ni sanciones por parte del fisco.

Sin embargo, el beneficio cuenta con restricciones claras para evitar que grandes capitales se vean favorecidos de forma desmedida. Quedan excluidos de esta ley:

• Personas con ingresos anuales que superen los $1.000 millones.

• Patrimonios declarados mayores a $10.000 millones.

• Empresas catalogadas como grandes contribuyentes nacionales.

Con la entrada en vigencia de estas leyes, el Ejecutivo busca consolidar una nueva etapa de normalización económica, apoyada en el saneamiento fiscal y el incentivo a la circulación de divisas para apuntalar la recuperación de la actividad.