AFA: allanaron las sedes de la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y la casa de Javier Faroni

La mañana de este martes comenzó con un fuerte despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA) en puntos neurálgicos del fútbol argentino. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA (Viamonte 1366), en el predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza y en el domicilio particular del empresario Javier Faroni en un exclusivo barrio cerrado de Nordelta.

La investigación apunta a una presunta maniobra de desvío de fondos millonarios vinculados a la explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina en el extranjero. Los puntos clave de la causa son: la administración de US$ 260 millones por parte de la empresa TourProdEnter, vinculada a Faroni. La justicia sospecha que al menos US$ 42 millones fueron derivados a un entramado de empresas presuntamente falsas radicadas en distintos países. Además, los contratos habrían sido firmados por la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Los contratos habrían sido firmados por la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

En el domicilio de Faroni, a quien la justicia ya le prohibió la salida del país, los efectivos buscaron computadoras, dispositivos móviles y documentación contractual que permita probar el vínculo entre las empresas fantasmas y el desvío de divisas.

En paralelo, en el predio de Ezeiza y la sede de Capital Federal, se procedió al secuestro de libros contables y registros de los contratos de patrocinio y derechos de imagen firmados durante los últimos años, que coinciden con el periodo de mayor éxito deportivo de la Selección.

Esta investigación nacional corre en sintonía con sospechas planteadas en Estados Unidos, donde también se puso el foco sobre los movimientos financieros de la AFA en cuentas del exterior. La justicia local busca determinar si el dinero que debía ingresar a las arcas de la asociación civil terminó en manos de terceros mediante facturación apócrifa y contratos de servicios nunca prestados.