La Justicia anuló el protocolo antipiquetes de Bullrich por inconstitucional

La Justicia federal declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida había sido uno de los ejes centrales de la política de seguridad del Gobierno desde diciembre de 2023 y permitió un endurecimiento del accionar policial frente a la protesta social.

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El fallo fue dictado por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, quien consideró que la Resolución 943/23 presenta graves inconsistencias legales y constitucionales, al establecer criterios que exceden las facultades del Poder Ejecutivo.

UN PROTOCOLO BAJO LA LUPA JUDICIAL

En su resolución, el magistrado sostuvo que el Gobierno avanzó sobre atribuciones exclusivas del Congreso al dictar el protocolo. Según explicó, bajo la apariencia de brindar instrucciones a las fuerzas de seguridad, el Ministerio terminó legislando mediante una resolución administrativa.

Cormick señaló que la norma cuestionada modificó de hecho el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas federales, algo que solo puede realizarse a través del Poder Legislativo. En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo no puede redefinir delitos ni ampliar figuras penales por fuera del marco constitucional.

EL CONCEPTO DE FLAGRANCIA, EN EL CENTRO DEL DEBATE

Uno de los puntos centrales del fallo es la utilización del concepto de "delito en flagrancia" aplicado a cualquier manifestación que interrumpiera el tránsito. Para el juez, esa interpretación no se ajusta al régimen penal vigente.

La decisión judicial se conoció tres semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo, Fabián Canda, emitiera un dictamen crítico en el que advirtió que el criterio de flagrancia utilizado por el Gobierno no tiene sustento jurídico, salvo en casos de delitos comunes cometidos durante una protesta.

Para la Justicia, el protocolo represivo presenta graves inconsistencias legales y constitucionales.

EL RECLAMO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

La nulidad del protocolo se resolvió en el marco de una acción colectiva presentada por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. En la demanda, cuestionaron el esquema por considerar que vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebraron el fallo y destacaron su alcance institucional. La directora ejecutiva del organismo, Paula Litvachky, afirmó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar por fuera del Congreso para restringir el derecho a la protesta.

UN LÍMITE AL AVANCE DEL PODER EJECUTIVO

Litvachky comparó el accionar del Ministerio con la intención del Gobierno de gobernar por decreto, sin control parlamentario. "Un juez le dice al Ministerio que no puede legislar por resolución ni reinterpretar el Código Penal a su conveniencia", sostuvo.

Además, subrayó que la sentencia pone un freno claro cuando están en juego derechos constitucionales básicos, como la vida, la integridad personal y la libertad de expresión, que deben ser garantizados incluso en contextos de conflictividad social.

EL SALDO DE LA LLAMADA 'DOCTRINA BULLRICH'

El fallo también reavivó el debate sobre las consecuencias concretas de la aplicación del protocolo antipiquetes. Según datos del CELS, desde su implementación se registraron 1.399 personas heridas en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales: 750 durante 2024 y 649 en lo que va de 2025.

Uno de los escenarios más recurrentes de represión fue la marcha semanal de jubilados frente al Congreso, donde se denunciaron episodios de violencia contra adultos mayores, trabajadores, periodistas, reporteros gráficos y personas con discapacidad.

? Un drone captó el momento en que hieren a Pablo Grillo en la marcha de jubilados frente al Congreso. El fotógrafo fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno y sufrió una fractura de cráneo. Permanece en terapia intensiva. Su familia pide colaboración. #Congreso pic.twitter.com/wp40CwJ5bv

— El Bonaerense (@elbonanews) March 14, 2025

EL CASO PABLO GRILLO Y LA REPRESIÓN EN EL CONGRESO

Entre los hechos más graves se encuentra el ocurrido en marzo de este año, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir en la cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal durante una represión frente al Congreso.

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La semana pasada, la Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por ese episodio, un antecedente que reforzó las críticas al uso desmedido de la fuerza bajo el paraguas del protocolo ahora declarado nulo por la Justicia.