Ratifican el procesamiento del gendarme que baleó a Pablo Grillo en la marcha de jubilados

La Cámara Federal de Apelaciones dio un paso clave en la causa que investiga la represión policial ocurrida el pasado 12 de marzo frente al Congreso de la Nación. Este viernes, los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico confirmaron el procesamiento del cabo primero de Gendarmería, Héctor Guerrero, acusado de herir de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo.

Según consta en la resolución judicial, Guerrero efectuó una serie de seis disparos con una pistola lanza gases en un lapso de 22 minutos. Los magistrados destacaron que el gendarme disparó de forma "prácticamente horizontal" hacia la multitud, contradiciendo los protocolos de seguridad que exigen una trayectoria parabólica para evitar impactos directos.

Uno de esos proyectiles impactó de lleno en la cabeza de Grillo, provocándole heridas que la justicia calificó como lesiones gravísimas. Debido a esto, el procesamiento incluye también el delito de abuso de armas, con el agravante de haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones.

La Cámara Federal confirmó los cargos contra el cabo Héctor Guerrero por "lesiones gravísimas" tras disparar un proyectil de gas a la cabeza de Pablo Grillo. La justicia ahora busca determinar responsabilidades en la cadena de mando.

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Si bien la situación de Guerrero quedó seriamente comprometida, el fallo de la Cámara introduce un elemento de presión hacia las autoridades políticas y policiales. El juez Roberto Boico hizo especial hincapié en la necesidad de no limitar la investigación al autor material.

El magistrado planteó la urgencia de profundizar las pesquisas para identificar a quienes integraban la cadena de mando y determinar quiénes habilitaron o permitieron el operativo que derivó en la agresión al trabajador de prensa.

El incidente ocurrió durante una movilización masiva en defensa de los jubilados. En aquel contexto, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para desalojar las inmediaciones del Congreso, el cual fue cuestionado por organismos de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas.