La Justicia ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y frenó un decreto del Gobierno

La Justicia federal dio este martes un paso clave en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar para que se cumplan los artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

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La decisión responde a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y apunta directamente contra el decreto con el que el gobierno de Javier Milei había suspendido la aplicación de la norma sancionada por el Congreso.

QUÉ DISPONE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 establecen mecanismos de actualización y recomposición salarial para docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la adecuación de los montos de las becas estudiantiles.

Según la norma, estas actualizaciones deben realizarse de acuerdo con la evolución inflacionaria, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario público.

EL DECRETO DEL GOBIERNO Y LA SUSPENSIÓN DE LA NORMA

Tras la sanción de la ley, el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 795/2025 la suspensión de su aplicación. El argumento oficial fue que la norma no establecía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar las erogaciones previstas.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que, sin una previsión presupuestaria específica aprobada por el Congreso, la ley no podía ejecutarse, lo que derivó en la paralización de los aumentos salariales y la actualización de las becas.

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LA PRESENTACIÓN JUDICIAL DEL CIN

Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional inició a fines de octubre de 2025 una acción colectiva para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la demanda, las universidades advirtieron sobre una afectación colectiva y urgente, al señalar que el incumplimiento deterioraba los salarios, comprometía el normal funcionamiento de las casas de estudio y vulneraba derechos constitucionales vinculados a la educación pública y a la autonomía universitaria.

EL CONTENIDO DEL FALLO JUDICIAL

En su resolución, el juez Cormick dispuso admitir la cautelar solicitada y declarar inaplicable el decreto impugnado en lo que respecta a la suspensión de la ley. En ese sentido, ordenó que se cumplan los artículos cuestionados hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

La cautelar representa un respaldo judicial a las universidades, y abre una nueva disputa entre el Gobierno y el sistema universitario público.

El magistrado consideró que existe un supuesto de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", al entender que la lesión de derechos y garantías reconocidos por la Constitución surge de manera clara del accionar del Estado, sin necesidad de un análisis prolongado de los hechos.

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Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir, la decisión judicial obliga a restablecer la aplicación de la ley en los puntos vinculados a salarios y becas, en un contexto de fuerte tensión presupuestaria y debate sobre el rol del Estado en la educación superior.