El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances millonarios

El Gobierno nacional profundizó su ofensiva contra la conducción del fútbol argentino. El Ministerio de Justicia, mediante la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones detalladas sobre sus estados contables y financieros, con observaciones que involucran cifras millonarias.

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La medida fue presentada como parte de un control de rutina, aunque se inscribe en una escalada de tensión política e institucional con la AFA que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, y que ya derivó en denuncias ante organismos internacionales y en acusaciones cruzadas por presunta persecución política.

LA INTIMACIÓN Y LOS MONTOS BAJO LA LUPA

Según informó el Gobierno, la IGJ exigirá a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones sobre balances que superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y los USD 340 millones en el de la Liga.

En el comunicado oficial se remarcó que las entidades deberán responder "todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas", bajo los mismos criterios que rigen para cualquier persona jurídica privada. Además, se advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos podría derivar en sanciones económicas severas para las instituciones y sus directivos.

LOS REQUERIMIENTOS A LA AFA

La intimación a la AFA fija un plazo máximo de 20 días para cumplir con una extensa lista de exigencias. Entre ellas, la presentación de estados contables pendientes del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, y explicaciones sobre asambleas realizadas en octubre de ese año en el predio de Ezeiza, fuera de la jurisdicción de la IGJ.

También se exige documentación vinculada a la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo estatutos, autorizaciones estatales, convenios con universidades públicas y privadas, y detalles sobre la compra del inmueble donde funciona la sede. La IGJ reclama, además, respuestas pendientes sobre balances de ejercicios que van desde 2017 hasta 2024, con partidas globales que suman más de USD 111 millones.

Nuevo capitulo entre el Gobierno y AFA.

LA SITUACIÓN DE LA LIGA PROFESIONAL

En el caso de la Liga Profesional, la intimación apunta a observaciones no respondidas sobre los estados contables correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024. Según la IGJ, esas partidas alcanzan un total superior a los USD 340 millones y aún no fueron debidamente justificadas.

Además, se ordenó la presentación de los estados contables y financieros del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, también con plazos vencidos. Desde el organismo advirtieron que el incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y administrativas.

DENUNCIA ANTE CONMEBOL Y NUEVA ESCALADA

La ofensiva oficial no se limitó al plano local. Días atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones al Código de Ética y a las normas anticorrupción.

En esa presentación se solicitó una investigación preliminar por un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según el Gobierno, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por el organismo sudamericano.

LA CAUSA JUDICIAL Y LOS BIENES INVESTIGADOS

Todo el conflicto se enmarca en una investigación que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N.º 10. La causa pone el foco en la empresa Real Central SRL y en dos personas físicas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, harás y una colección de vehículos de lujo. El inmueble tuvo un recorrido llamativo: fue adquirido en 2017 por Carlos Tévez, luego pasó a una empresa proveedora de la AFA y finalmente a Real Central SRL.

La mansión de 10 hectáreas en Pilar.

CONTRATACIONES DIRECTAS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

La denuncia también cuestiona contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a ex directivos. Un caso emblemático es el de Malte SRL, contratada en 2022 por unos USD 550.000 para la instalación del sistema VAR, según el Boletín Oficial de la AFA.

Aunque el organismo destacó la "reconocida trayectoria" de la firma, la presentación judicial sostiene que existen vínculos societarios y personales que plantean "serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios".

LA RESPUESTA DE LA AFA: "PERSECUCIÓN POLÍTICA"

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una "evidente persecución política" por parte del Gobierno. Apuntaron directamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la diputada Juliana Santillán y la senadora Patricia Bullrich.

Según la entidad, se intentó obstruir la realización de asambleas y se volvió a amenazar con una intervención. También cuestionaron el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas, al que consideran un ataque al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que rige en los clubes.

AFA respondió acusando persecución política.

"EN LA AFA HABLAMOS DE FÚTBOL"

En un comunicado cargado de ironía, la conducción de la AFA defendió su gestión y recordó críticas pasadas a decisiones deportivas que luego fueron exitosas. "Mientras algunos critican desde afuera, nosotros seguimos trabajando para que el fútbol argentino siga creciendo", señalaron.

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Y concluyeron: "En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna". Mientras tanto, la intimación de la IGJ avanza y el conflicto entre el Gobierno y el poder del fútbol promete nuevos capítulos.