24/11/2025
El proyecto económico genera pedidos políticos por áreas sensibles y proyecciones que mantienen debates abiertos entre gobernadores y el Congreso. La Ley de Financiamiento Universitario tampoco figura en las previsiones. El gasto social proyecta variaciones que mantienen tensiones en distintos sectores.
Ausencia de reformas previsionales en el Presupuesto 2026.
No incluye valores de leyes de discapacidad y emergencia pediátrica ratificadas por el Congreso.
Gobernadores reclaman su incorporación en reuniones con el ministro del Interior.
La Ley de Financiamiento Universitario tampoco figura en las previsiones.
El gasto social proyecta variaciones que mantienen tensiones en distintos sectores.
Un análisis de Ieral, de la Fundación Mediterránea, centrado en el gasto social, destaca que el Presupuesto 2026 no incorpora reformas al sistema previsional y tampoco contempla aplicar las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. El informe señala que el gasto destinado a esas áreas queda en niveles históricamente bajos.
En encuentros encabezados por el ministro del Interior, Diego Santilli, los gobernadores insistieron en la necesidad de cumplir con esas normas, respaldadas por legisladores provinciales. La iniciativa tampoco incluye previsiones vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso.
La estimación oficial prevé un aumento del gasto social del 5,5% por encima de la inflación, en un contexto de crecimiento del PBI del 6%. Dentro del presupuesto, el mayor incremento se observa en Salud, con un crecimiento real del 17%, impulsado por mayores recursos destinados a hospitales nacionales, transferencias al PAMI y partidas sanitarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El Ieral indica que estas proyecciones no consideran los efectos fiscales derivados de la aplicación de las leyes de emergencia.
El presupuesto total de la Andis refleja una disminución real del 4%, lo que implica un recorte en pensiones no contributivas. Según el informe, los fondos del organismo muestran una pérdida acumulada del 23,9% desde 2023. Medido como porcentaje del PBI, alcanza el "valor más bajo desde la creación" del organismo.
El recorte impacta principalmente en las pensiones por invalidez laboral, que reducirían su cobertura de 1.130.000 a 977.000 beneficiarios, una caída del 13%. El informe plantea que la contracción "podría vincularse a los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios orientados a mejorar la focalización del gasto".
La OPC estima que la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad incorporaría entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un impacto fiscal de entre 0,25% y 0,48% del PBI. El paquete incluye incentivos a la contratación con exención del 50% de contribuciones patronales (0,0015% del PBI), una compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI) y la actualización de asignaciones a Talleres Protegidos (0,0009% del PBI). El efecto total alcanzaría entre 0,28% y 0,51% del PBI.
?? "El Presupuesto de Milei perjudica ostensiblemente a las provincias"
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 19, 2025
?? Ricardo Herrera, diputado Nacional por La Rioja, se refirió al Presupuesto 2026, cómo afecta a las provincias y afirmó: "Martín Menem es de La Rioja, algo tiene que decir"#VerdadesAfiladas pic.twitter.com/DAchl3nYXK
El presupuesto asignado a Educación y Ciencia y Técnica registra una suba real, principalmente por el componente universitario. Las transferencias corrientes a universidades nacionales presentan un aumento real del 8,5% en 2026, luego de las fuertes caídas de 2024 (28,1%) y 2025 (7,8%). Considerando 2023 como base, el gasto universitario sigue 28% por debajo en términos reales y se ubica en mínimos históricos como porcentaje del PBI.
La OPC calcula que la Ley de Financiamiento Universitario tendría un impacto del 0,23% del PBI para el ejercicio actual, con un salto de partidas en 2025 que elevaría el piso del gasto del año siguiente.
Las partidas de Promoción y Asistencia Social muestran un aumento real del 2,7%, por debajo del crecimiento del PBI. El informe señala que implica una reducción del 23% real respecto de 2024. En Trabajo y Vivienda continúa una baja del 2% real, asociada a la disolución de programas y a la caída de la inversión en infraestructura.
El gasto en Seguridad Social registra una suba del 5% por encima de la inflación respecto de este año. Como proporción del PBI, las erogaciones previsionales permanecen 30% por debajo del máximo alcanzado en 2017, excluyendo el contexto excepcional de la pandemia.
El "bono previsional" de $70.000 fijado en marzo de 2024 sigue sin cambios. El Ieral describe al instrumento como uno con "problemas de focalización y alto costo fiscal" y agrega: "Sería más eficaz rediseñarlo para concentrar la asistencia en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, logrando así un mejor efecto redistributivo con menor gasto".
La ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aparece como el principal factor del incremento dentro del sistema previsional. La PUAM presenta un aumento real del 38%, con un incremento del 23% en beneficiarios, que pasarían de 191.210 a 235.208. Las jubilaciones y pensiones crecen 6,9%, y las no contributivas, 5,4%.
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