23/11/2025

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Gobierno, Calvete y ANDIS: entramado de explotación sexual, corrupción, negocios y poder político

La causa revela un sistema organizado que combina abusos, manejo económico y vínculos administrativos mientras avanza la investigación judicial. Calvete fue condenado en 2019 por facilitación de la prostitución. En 2025 quedó detenido nuevamente tras allanamientos por la causa Andis.El fiscal Picardi lo imputa como nexo con droguerías y asociación ilícita.

  • Calvete fue condenado en 2019 por facilitación de la prostitución.

  • La Justicia describió explotación en departamentos administrados por su red.

  • Su nombre reaparece vinculado a operadores y contratistas ligados a Andis.

  • En 2025 quedó detenido nuevamente tras allanamientos por la causa Andis.

  • El fiscal Picardi lo imputa como nexo con droguerías y asociación ilícita.

El entramado que vuelve a exponer el caso Calvete

En torno a Miguel Ángel Calvete se consolidó una idea señalada por distintos actores políticos y judiciales: un punto de cruce entre tramas administrativas, opacidad del poder y un método sostenido de funcionamiento. Pero, según reconstrucciones judiciales, el foco central no solo remite a contratos direccionados vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad, sino también a la explotación sistemática de mujeres en departamentos administrados por su organización.

La casona de Defensa 1364 apareció en informes periodísticos como un espacio de fiestas con rutinas de pole-dance, empresarios y políticos. Sin embargo, el expediente reveló dimensiones más graves. Un funcionario declaró: "Había un caño. Había mujeres. Y había tipos que se creían dueños de todo".

Condena por facilitación de la prostitución

Calvete cayó preso en 2016, luego de una investigación iniciada en 2014 por denuncias de explotación sexual y administración de prostíbulos encubiertos. El proceso se consolidó en 2019, cuando el Tribunal Oral N.º 5 lo condenó a cuatro años de prisión por "facilitación de la prostitución". La sentencia afirmó: "La organización asignaba a las víctimas departamentos donde vivían y ejercían la prostitución, bajo condiciones económicas abusivas".

La Justicia describió un esquema de alquileres que subían hasta 180% anualizado, más un 10% mensual de comisión, además del decomiso de dos inmuebles utilizados como prostíbulos. El expediente detalló convivencia forzada entre varias mujeres, endeudamiento y dependencia. Sobre las denominadas bailarinas de caño, la Justicia resguarda identidades y estableció que su presencia se situaba cerca de los inmuebles decomisados, sin control por parte de ellas respecto de los límites del circuito.

Nuevos vínculos en la trama del Estado

La Cámara de Casación confirmó la condena y rechazó el recurso de Calvete. En 2023 y 2024 su nombre volvió a circular por su cercanía con operadores que gestionaban contratos para la asistencia a personas con discapacidad. Señalamientos internos mencionan proveedores, financieras y lobistas que cobraban peajes para acelerar pagos en Andis. Un exfuncionario sintetizó: "Es un hombre que opera desde atrás y que siempre vuelve".

Investigación por la causa Andis

En la causa Andis, el fiscal Franco Picardi lo imputa como integrante de una asociación ilícita dedicada a direccionamientos, sobreprecios y sobornos en compras de medicamentos. Según la acusación, Calvete actuaba como nexo entre Andis e importantes droguerías, con "vinculaciones e influencia directa" con firmas como Indecom SRL, Profusión SA y Profarma SA.

El fiscal lo describió en su dictamen como un "director paraestatal" de Andis, capaz de impartir órdenes a personas del organismo, incluida la vinculación con Daniel María Garbellini y Lorena Di Giorno. También se menciona su relación con el exdirector Diego Spagnuolo, con chats y anotaciones que mostrarían gestiones de pagos y contratos desde una posición informal.

En el allanamiento al domicilio de Ornella Calvete, hija del empresario y funcionaria del Ministerio de Economía, se incautaron cerca de US$ 700 mil, según el dictamen fiscal. Ella ocupaba el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial.

De cafisho a operador paraestatal

Calvete fue condenado en junio de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 8 por "explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena", con una pena de cuatro años. La prisión efectiva se concretó en octubre de 2025, tras un allanamiento por la causa Andis. Fue trasladado a Comodoro Py para ser indagado mientras ya se encontraba detenido por la condena previa.

En la investigación por Andis, Picardi lo señala como nexo entre el organismo y varias droguerías proveedoras de insumos de alto costo. El dictamen menciona "vinculaciones e influencia directa" y lo define como un operador informal con capacidad de impartir órdenes. También figura su cercanía con Spagnuolo y, según el expediente, su presencia en gestiones vinculadas a pagos y contratos.

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