Kicillof destina $1,8 millones diarios a una colonia exclusiva para hijos de funcionarios

La provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de los últimos años: recursos al límite, paritarias sin avances y ajustes que golpean a trabajadores y sectores clave.

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En ese escenario, el gobernador Axel Kicillof autorizó una contratación que despertó fuertes cuestionamientos: una colonia de vacaciones para hijos de funcionarios, por un total de $68.283.720 para apenas 38 días de actividad entre enero y febrero de 2026.

Según el cálculo simple, el Estado bonaerense gastará $1,8 millones diarios, con la posibilidad incluso de duplicar la prestación si se aplica una ampliación prevista en el pliego.

UNA CONTRATACIÓN EN PLENA CRISIS

La convocatoria, registrada bajo el expediente 594-15178-PAB25, establece que la colonia funcionará únicamente de lunes a viernes entre el 5 de enero y el 27 de febrero. El servicio no incluye jornadas extendidas ni actividades diferenciales que expliquen el costo final, pero sí contempla la chance de aumentar la contratación hasta un 100% adicional.

El programa está dirigido a un grupo reducido de hijos del funcionariado provincial, quienes accederán a un beneficio financiado íntegramente por el Estado en un contexto donde abundan los recortes, las deudas y las advertencias sobre un panorama fiscal crítico.

Mientras la provincia ajusta presupuestos en áreas sensibles y aplaza pagos, la decisión de sostener este tipo de gastos vuelve a poner en debate la lógica de los "privilegios oficiales" que persisten incluso en momentos de emergencia económica.

La información se encuentra en el Boletín Oficial del gobierno provincial.

UNA PRÁCTICA QUE SE REPITE GOBIERNO TRAS GOBIERNO

La contratación aprobada por Kicillof no es un hecho aislado. En Buenos Aires, las colonias estatales para hijos de funcionarios se han repetido administración tras administración, sin importar el color político.

Con montos elevados y convocatorias restringidas, se consolidó una tradición difícil de explicar frente al ciudadano común que debe afrontar colonias privadas cada vez más costosas sin ningún tipo de apoyo estatal.

El contraste es aún más evidente frente a realidades como escuelas con infraestructura deficiente, hospitales saturados y trabajadores reclamando mejoras salariales que no llegan. En ese marco, los gastos recreativos para el funcionariado se mantienen como uno de los privilegios menos discutidos.

EL OPDS Y OTRO CASO QUE DESATÓ CRÍTICAS

Durante la gestión de Juan Brardinelli al frente del OPDS, el organismo destinó $4.331.430 a una colonia gratuita para ochenta y cinco hijos de funcionarios.

La medida generó malestar interno: el organismo estaba cuestionado por falta de equipamiento, escasa productividad y reclamos laborales acumulados. Aun así, la colonia figuró entre los principales logros mencionados por la conducción.

Entre denuncias de inoperancia y una estructura saturada, la decisión expuso nuevamente la disociación entre las necesidades reales del organismo y los gastos recreativos destinados a un grupo selecto.

VIDAL TAMPOCO ROMPIÓ EL ESQUEMA

Ni siquiera la gestión de María Eugenia Vidal logró evitar este tipo de contrataciones. En 2017, el entonces director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, aprobó una colonia de 71 días por $8,4 millones, con posibilidad de ampliarla un 20%.

El costo por niño superó los $9.200, más del triple del valor promedio de una colonia estatal de aquel momento.

Actualizado a precios actuales, ese gasto sería considerado un verdadero escándalo presupuestario.

La repetición del patrón muestra que, más allá de las diferencias políticas, la lógica de sostener beneficios exclusivos para el funcionariado se mantiene firme.

PRIVILEGIOS QUE SOBREVIVEN A CADA CRISIS

La nueva colonia aprobada por Kicillof se suma a una larga lista de contrataciones millonarias en un territorio que enfrenta reclamos salariales, necesita inversión urgente en infraestructura escolar y lidia con hospitales que funcionan al límite.

Mientras la provincia aplica tarifazos, pide endeudamiento y ajusta partidas, destinar casi $1,8 millones diarios a un servicio recreativo interno parece una decisión difícil de justificar.

El ciudadano común enfrenta cada vez más obstáculos para costear actividades de verano para sus hijos. En cambio, el Estado provincial mantiene intactos beneficios para sus cuadros, aun cuando asegura no tener margen para aumentos, mejoras edilicias o refuerzos presupuestarios fundamentales.

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En definitiva, una postal que se repite cada verano y que parece destinada a continuar mientras nadie ponga en discusión el verdadero costo -económico y político- de estos privilegios financiados por todos.