El Gobierno de Milei reglamentó la tenencia civil de armas de guerra y amplió el acceso a fusiles y subametralladoras

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de flexibilización del acceso a las armas: reglamentó la compra y tenencia civil de fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras de asalto, que hasta junio estaban vedadas para el uso civil.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece un nuevo régimen de autorización y control bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

De este modo, se reemplaza la antigua prohibición por un sistema de permisos especiales orientado a la trazabilidad del armamento y la justificación deportiva, que permitirá acceder a armas consideradas de guerra bajo estrictos requisitos.

El Ejecutivo formalizó la habilitación para que civiles puedan adquirir armamento antes exclusivo de las fuerzas de seguridad.

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Condiciones para obtener la autorización

• Identificación precisa del arma, con tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

• Sector de guarda tipo G2 registrado, como sistema seguro de almacenamiento.

• Declaración jurada que justifique la solicitud y documentación probatoria.

• Pago de tasas equiparables a la "Tenencia Exprés" y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

• Acreditación de uso deportivo comprobado, mediante certificaciones de entidades de tiro o representación en competencias oficiales.

• Ausencia de antecedentes sancionatorios o trámites pendientes ante el RENAR.

• Antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.

El texto también habilita al RENAR a requerir elementos adicionales de evaluación para cada caso, con el fin de garantizar la pertinencia del permiso.

Desde junio de 2025, el Ejecutivo ya había habilitado la adquisición de este tipo de armamento bajo un régimen especial, pero ahora el esquema quedó formalmente reglamentado y operativo, consolidando un cambio profundo en la política de control y acceso a las armas en Argentina.