Kicillof adjudicó más de $1.000 millones a Tiempo Beta, productora vinculada a La Campora y señalada por irregularidades

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones provinciales, el gobierno de Axel Kicillof volvió a contratar a una vieja conocida del kirchnerismo. Se trata de Tiempo Beta S.A., la productora de eventos ligada a La Cámpora que durante la gestión de Alberto Fernández fue cuestionada por contratos millonarios plagados de irregularidades. Ahora, y pese a una auditoría oficial que confirmó aquellas observaciones, la empresa volvió a ser beneficiada con una licitación pública por más de mil millones de pesos para organizar los actos de apertura y cierre de los Juegos Bonaerenses 2025.

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UNA EMPRESA CON HISTORIAL DE CONTRATACIONES CUESTIONADAS

Tiempo Beta había quedado en el centro de la polémica en 2023, cuando el entonces gobierno nacional le adjudicó casi 400 millones de pesos para un evento organizado por el Ministerio de Justicia. Aquella contratación fue duramente criticada por su velocidad -se cerró en apenas un día hábil- y por los vínculos directos entre funcionarios y la empresa: el gerente de la productora era Ignacio "Nacho" Saavedra, exreferente de La Cámpora, mientras que su esposa ocupaba un cargo en el mismo ministerio que la contrató.

A la izquierda, "Nacho" Saavedra. A la derecha, Alfiz, ahora candidato para diputado en La Ciudad.

Una auditoría interna posterior confirmó las irregularidades y derivó en la salida de Saavedra, quien se alejó de la firma y viajó al exterior. Desde entonces, el control operativo de Tiempo Beta quedó en manos de Santiago Roberto Alfiz, otro dirigente cercano al espacio camporista.

LA NUEVA ADJUDICACIÓN EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Pese a los antecedentes y a la investigación interna que había detectado irregularidades, la productora volvió a recibir fondos públicos. Según consta en el expediente administrativo correspondiente a la Licitación Pública 14/25, la Dirección Provincial de Torneos y Eventos Deportivos -dependiente del gobierno bonaerense- adjudicó a Tiempo Beta S.A. la suma de $1.059.852.444 para la organización de los actos de apertura y cierre de los Juegos Bonaerenses.

Las irregularidades giran en torno a los Juegos Bonaerenses.

El proceso, identificado bajo el número 527-0732-LPU25, se llevó adelante apenas semanas antes de los comicios provinciales, lo que generó críticas en distintos sectores políticos por el momento elegido y el monto involucrado. La cifra equivale a más de un millón de dólares al tipo de cambio actual, destinada a la realización de un evento que el gobierno provincial utiliza como una de sus principales vitrinas públicas.

SOSPECHA DE "COMPETENCIA FICTICIA"

La licitación incluyó solo dos oferentes: Tiempo Beta y Pulso Producciones SRL. Sin embargo, el titular de esta última empresa figura públicamente como empleado de Tiempo Beta, lo que plantea la sospecha de que la compulsa fue ficticia. Esa estructura permitiría simular competencia y cumplir formalmente con el proceso licitatorio, pero sin riesgo real de perder la adjudicación.

No sería la primera vez que ambas empresas se enfrentan en licitaciones con el mismo resultado. De hecho, distintos procesos anteriores muestran un patrón similar, en el que Pulso Producciones aparece como oferente "rival" y Tiempo Beta termina imponiéndose con contratos millonarios.

Kicillof contrató a Tiempo Beta. Créditos: El Disenso.

IRREGULARIDADES CONFIRMADAS Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESQUEMA

La auditoría interna que en su momento había revisado las contrataciones del Ministerio de Justicia confirmó fallas graves en los procedimientos administrativos y en la rendición de gastos. Aun así, el nuevo contrato provincial demuestra que el entramado de vínculos entre funcionarios y proveedores se mantiene vigente bajo otras formas y con los mismos protagonistas.

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El caso reaviva el debate sobre el control del gasto público en eventos oficiales y la falta de sanciones efectivas ante antecedentes comprobados. Pese a las advertencias y las denuncias, Tiempo Beta sigue concentrando buena parte de las contrataciones estatales en materia de actos y producciones, consolidándose como la productora predilecta de los gobiernos ligados al kirchnerismo.