Comisión Investigadora LIBRA: apelaron la medida que impide llevar funcionarios por la fuerza pública

La Comisión Investigadora de la estafa cripto LIBRA apeló esta tarde la decisión del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para asegurar la comparecencia de funcionarios del Gobierno citados, entre otros de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, expuso sus argumentos al recordar que el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 32 determina la atribución del Congreso nacional de ejercer "la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno".

"No puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", expresó.

En la apelación, la oposición sostiene que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".

"Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática", expresa el escrito.

Para Ferraro, "la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial".