30/08/2025
El juez Martín Bava dictó una resolución que obliga al Ministerio de Economía a entregar el expediente completo sobre el crédito con el FMI por u$s20.000 millones. El Ministerio de Economía había tratado de eludir la entrega de información, incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública.
La Justicia ordenó al Ministerio de Economía entregar el expediente del crédito con el FMI de u$s20.000 millones.
El juez Bava emitió la resolución en respuesta a un amparo presentado por CAIP y CELS.
El Ministerio de Economía había tratado de eludir la entrega de información, incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública.
El fallo destaca la importancia de la máxima divulgación de información en una sociedad democrática.
El Ministerio de Economía deberá entregar el expediente completo, incluidos anexos y documentos relacionados.
El juez federal Martín Bava ordenó al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, entregar, en un plazo de cinco días hábiles, el expediente completo sobre el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s20.000 millones. Esta resolución se dicta en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión de la información sobre el acuerdo.
Empezó el efecto dominó. Van a ir todos en cana. La Justicia intimó a Toto Caputo y le exige presentarse para dar explicaciones sobre la deuda de 20 mil palos con el FMI que tomó para hacer campaña electoral (otra vez) pic.twitter.com/nVn5uCvK2n
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 30, 2025
El 27 de junio de 2025, Francisco Verbic, abogado de la CAIP, y Leonel Bazan y Diego Morales, del CELS, presentaron un amparo contra el Ministerio de Economía. Los demandantes pidieron que se declarara ilegal la conducta del Ministerio, que había ocultado información clave sobre el decreto que aprobó las operaciones con el FMI. La petición buscaba el acceso completo al expediente administrativo del DNU 179/2025, el cual oficializó el crédito de u$s20.000 millones.
El juez Bava hizo referencia a la Ley 27.275, sancionada en democracia, que garantiza el acceso a la información pública. Según esta normativa, cualquier persona tiene derecho a solicitar información sin necesidad de acreditar un interés específico. El fallo subraya que el derecho a la información pública es fundamental para el control democrático de las decisiones estatales, especialmente cuando estas tienen un impacto significativo, como es el caso del acuerdo con el FMI.
El Ministerio de Economía intentó evadir la Ley de Acceso a la Información Pública, aplicando procedimientos administrativos obsoletos que dificultaron el acceso a la información solicitada. Incluso solicitó una prórroga para entregar el expediente, lo que fue rechazado por el juez. Bava destacó que la Ley 27.275, al ser posterior y más específica, prevalece sobre cualquier normativa administrativa establecida bajo un gobierno de facto.
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