22/07/2025
Con el nuevo marco, AySA podrá suspender el servicio ante situaciones de morosidad, afectando a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El Gobierno nacional avanzó con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y autorizó a la empresa a interrumpir el servicio en caso de falta de pago, una medida que impactará en millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493, publicado este martes en el Boletín Oficial. El texto actualiza el marco regulatorio de la compañía y habilita la venta de acciones al capital privado, lo que marca un giro significativo en la gestión del servicio público de agua y cloacas.
Actualmente, el 90% del capital accionario de AySA está en manos del Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores que participan del Programa de Propiedad Participada.
Actualmente, el 90% del capital accionario de AySA está en manos del Ministerio de Economía
Desde el Gobierno justificaron los cambios en el contexto de una "profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público".
Con el nuevo marco, AySA podrá suspender el servicio ante situaciones de morosidad, afectando a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Además, el DNU establece un esquema de cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica, con lineamientos técnicos para obras de infraestructura, fuentes de financiamiento y programación de proyectos.
El decreto también exige a la futura concesionaria la presentación de un informe tarifario anual y un reporte de gestión ante el ente regulador.
Entre los puntos centrales del DNU se destacan:
AySA podrá cortar el suministro por falta de pago.
Se elaborará un plan de mejora de infraestructura para ampliar y extender el servicio.
El Estado queda habilitado a transferir parcial o totalmente el 90% del paquete accionario a inversores privados.
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