La Fiscalía lleva a Bolsonaro a la Corte por intento de golpe

La justicia brasileña avanzó esta semana con un pedido de condena contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus principales colaboradores, en el marco de una investigación por presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022. La Fiscalía General de la República solicitó a la Corte Suprema que los acuse formalmente por delitos como "asociación criminal armada", "tentativa de abolición del Estado democrático de derecho", "golpe de Estado" y "daños a bienes públicos".

Según el dictamen presentado, las pruebas recolectadas confirmarían que el expresidente y su entorno más cercano participaron activamente en una trama destinada a impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, recurriendo incluso a maniobras inconstitucionales.

El exmandatario niega las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial. No obstante, en una declaración ante el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro admitió haber considerado la aplicación de un "dispositivo constitucional" para bloquear la transición de poder, aunque no especificó cuál.Entre los implicados figuran ex altos funcionarios de su gobierno, como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres, el diputado Alexandre Ramagem quien encabezó la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin)-, el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, el excomandante de la Marina Almir Garnier y el extitular de Defensa Paulo Sérgio Nogueira.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes será el encargado de evaluar el pedido y decidir si los acusados deberán enfrentar un juicio penal. Moraes, quien ha tenido un rol central en investigaciones por desinformación y ataques a la democracia durante los últimos años, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores internacionales, especialmente tras fallos que afectaron a grandes plataformas digitales.

En un gesto que profundiza la tensión bilateral, el expresidente estadounidense Donald Trump salió en defensa de Bolsonaro y calificó el proceso judicial como una "cacería de brujas". Además, anunció la imposición de aranceles del 50% sobre importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto, medida que amenaza con desatar un nuevo conflicto comercial entre Washington y Brasilia.

El proceso judicial se inscribe en un contexto más amplio de reconstrucción institucional tras el intento de irrupción en los poderes del Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, en el que manifestantes bolsonaristas invadieron el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Las autoridades sostienen que los hechos no fueron espontáneos, sino el resultado de una estrategia deliberada para desconocer el resultado electoral y desestabilizar el orden democrático.