10/07/2025
El CELS cuestionó con dureza la orientación "punitiva" y "desjerarquizada" de las políticas oficiales frente a la situación de calle, denunciando la criminalización de la pobreza y la ausencia de un abordaje integral tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre enero y junio de 2025, al menos 63 personas en situación de calle murieron en distintas partes del país. La cifra fue presentada esta semana en un informe elaborado de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA. El documento denuncia el agravamiento de la crisis habitacional y el retroceso de las políticas públicas orientadas a contenerla.
De las muertes registradas, 13 ocurrieron en la
Ciudad de Buenos Aires. El informe advierte que el Estado nacional ha
debilitado su responsabilidad en la aplicación de la ley de protección para personas
en situación de calle. Mediante un decreto publicado en junio, transfirió esa
competencia a las provincias, lo que, según el CELS, implica una
desjerarquización de las políticas públicas y un repliegue del rol estatal.
"El aumento de personas viviendo en la calle hay que
leerlo en un contexto de retraimiento del Estado, algo que se hace explícito
desde el Gobierno nacional", sostuvo Luna Miguens, directora del área de
Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS. Las organizaciones que presentaron
el relevamiento señalaron que su objetivo fue obtener datos precisos para poder
discutir con mayor claridad el presupuesto destinado a esta población. "La
calle no es un lugar para vivir ni para morir, y por eso necesitamos que las
autoridades tomen medidas de emergencia", advirtieron.
En paralelo, el Gobierno porteño también fue objeto
de críticas por parte de las organizaciones. Miguens denunció un enfoque
punitivo y estigmatizante. "Incluso hubo publicaciones en redes sociales del
propio jefe de Gobierno mostrando cómo sacan a personas que viven en la calle,
en un marco de 'orden y limpieza', como si fueran objetos", expresó.
A este contexto se suma un aumento de las denuncias por violencia institucional. Según datos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, entre 2023 y 2025 estas denuncias crecieron un 128%. El informe del CELS recoge testimonios de personas en situación de calle que reportan hostigamiento, expulsiones forzadas y maltratos por parte de agentes estatales.
El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de
Calle, realizado a fines de junio por un conjunto de organizaciones sociales,
relevó que 11.892 personas viven actualmente sin techo en la Ciudad de Buenos
Aires. La cifra muestra una tendencia creciente: en 2017 se habían
contabilizado 3.560 personas; en 2019, 7.251. El informe también destaca un
aumento significativo de personas mayores y con problemas de salud mental.
Si bien el Gobierno porteño ha anunciado incrementos
presupuestarios para los paradores, desde el CELS consideran que la medida es
insuficiente y no resuelve el problema de fondo. "Las condiciones en estos
dispositivos muchas veces no garantizan la permanencia ni la dignidad de las
personas alojadas. Se repiten los malos tratos y muchas terminan siendo
expulsadas", señaló Miguens.
A nivel nacional, las críticas también apuntan al
cierre de organismos públicos que abordaban la problemática habitacional y al
intento de desfinanciar el Fondo de Integración Sociourbana, que sostenía obras
en barrios populares. Para las organizaciones sociales, el actual escenario
marca un retroceso grave en materia de derechos y una urgencia que aún no ha
sido asumida por las autoridades competentes.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
16 de julio de 2025
16 de julio de 2025
16 de julio de 2025