Menos recursos para combatir la violencia de género: recorte del 64% a la Línea 144

A una década del surgimiento del movimiento "Ni Una Menos", las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género en Argentina atraviesan un proceso de desfinanciamiento y debilitamiento institucional. Diversas organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y equipos especializados advierten con preocupación sobre el impacto regresivo de las decisiones adoptadas por el actual gobierno nacional.

En diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Las funciones en materia de género pasaron inicialmente al Ministerio de Capital Humano y, a partir de agosto de 2024, fueron redistribuidas entre áreas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Esta reestructuración institucional implicó, según ONU Mujeres, una reducción o eliminación de múltiples políticas y programas dirigidos a la promoción de la igualdad de género y la asistencia ante situaciones de violencia.

El informe de ONU Mujeres destaca que esta tendencia contradice los compromisos asumidos en la última Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde los países acordaron fortalecer la institucionalidad de género como parte esencial para avanzar hacia la igualdad.

En mayo de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció públicamente la eliminación de 13 programas considerados "ideológicos", varios de los cuales estaban directamente vinculados con la prevención y atención de la violencia por motivos de género. Entre los programas eliminados se encuentran los Dispositivos Territoriales de Protección Integral, el programa de Apoyo Urgente ante Violencias Extremas, las Escuelas Populares "Macachas y Remedios" y la Red de Promotoras Territoriales.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Línea 144, servicio nacional y gratuito de atención, contención y asesoramiento para personas en situación de violencia por razones de género. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esta línea sufrió una reducción presupuestaria del 64% en 2024 respecto del año anterior. Además, en febrero fueron despedidas más de 80 trabajadoras, lo que redujo significativamente la capacidad operativa del servicio, afectando tanto la atención en tiempo real como el seguimiento de casos críticos.

La situación del Programa Acompañar, creado en 2020, refleja una tendencia similar. Esta política brindaba apoyo económico a personas en riesgo por violencia de género y había alcanzado a más de 360.000 beneficiarias hasta fines de 2023. Sin embargo, en el último año su presupuesto se redujo un 90% y la asistencia efectiva cayó un 98,72%. Adicionalmente, se modificaron sus condiciones de acceso: se acortó la duración del beneficio económico y se impuso como requisito excluyente la presentación de una denuncia judicial o policial, lo que puede constituir un obstáculo para muchas víctimas.

El recorte presupuestario se evidencia también en el análisis agregado de las principales políticas del área. Según la ACIJ, la suma del presupuesto ejecutado para la Línea 144, el Programa Acompañar y el Programa de Protección a Víctimas del Ministerio de Justicia representa una caída del 86% entre 2023 y 2024. Aunque este último programa incrementó su ejecución en un 46%, el monto es insuficiente para contrarrestar el ajuste sufrido por los otros dos dispositivos, de mayor alcance.

La incertidumbre sobre la continuidad de estas políticas se agrava ante la falta de información presupuestaria oficial para el año 2025. En el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo, aunque aún no fue aprobado, no se detalla bajo qué unidad ejecutora se gestiona actualmente la Línea 144, lo cual obstaculiza el seguimiento y control ciudadano sobre su funcionamiento.

En este contexto, la atención a personas en situación de violencia de género continúa a través de diversas vías de emergencia. Además del servicio de la Línea 144, las denuncias pueden realizarse llamando al 911 o acudiendo a hospitales, centros de salud, fiscalías especializadas o dependencias como la Oficina de Violencia Doméstica y la UFEM. En la Ciudad de Buenos Aires, también se puede acudir al Centro de Justicia de la Mujer o a las fiscalías de género.

La disminución de la capacidad estatal para abordar la violencia de género ocurre en un país donde, según estadísticas oficiales y de la sociedad civil, los femicidios y otros tipos de violencia siguen siendo una problemática estructural. El debilitamiento de las políticas específicas y de la institucionalidad de género pone en riesgo la protección de derechos fundamentales, especialmente de mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad.