Grave denuncia en San Isidro por "corrupción y asociación ilícita" que involucra al entorno de Gustavo Posse

Esta mañana, el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro fue escenario del reclamo de Carlos Barboza, un ex empleado municipal con 26 años de servicio, quien denunció presuntas represalias sufridas tras haber expuesto un caso de corrupción en 2016, señalando directamente al hoy concejal y ex funcionario del Possismo, Walter Pérez, como responsable de encubrir los hechos y orquestar las sanciones en su contra.

Barboza, de 62 años, relató su trayectoria en la Municipalidad de San Isidro, donde trabajó desde 1998 hasta su retiro en 2024. "Fueron 26 años de servicio. Cumplí mis funciones con dedicación y responsabilidad, primero como operario y luego como inspector, alcanzando las categorías correspondientes a mi antigüedad y desempeño", afirmó. Sin embargo, su vida laboral dio un giro drástico tras denunciar una red de corrupción en el depósito fiscal municipal.

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Según Barboza, en 2016 descubrió una "asociación ilícita" entre inspectores y funcionarios que declaraban autos personales como robados, los ocultaban en el depósito para defraudar a las compañías de seguros y, en muchos casos, los desmantelaban para revender autopartes o los incendiaban intencionalmente.

Gustavo Posse y su hija Macarena

"Lo denuncié tres veces a mi superior sin respuesta. Luego, en cuatro ocasiones, se lo informé a Walter Pérez, entonces Subsecretario de Tránsito, Urbanismo e Inspección General. No solo no avanzó la denuncia, sino que comenzaron las represalias", relató.

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Las represalias, según el ex empleado, incluyeron una reducción arbitraria del 30% de su salario, un descenso de categoría y traslados injustificados a otras dependencias. "Pasé a cobrar un 30% de lo que percibía, afectando gravemente mis aportes jubilatorios y, por ende, el monto de mi actual jubilación", explicó. Además, denunció haber sufrido agresiones físicas y amenazas, aunque no se amedrentó.

"A pesar del miedo que quisieron imponerme, hice lo que tenía que hacer. Logré que la denuncia llegara al intendente, y finalmente se judicializó", afirmó.

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El impacto de estas represalias no solo fue económico. Barboza destacó que su calidad de vida y la de su familia se vieron gravemente afectadas, y que su jubilación actual no refleja los 26 años de aportes realizados bajo las condiciones originalmente pactadas. "Hoy vengo a reclamar justicia por lo que siento que me corresponde", sentenció.

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En su intervención, Barboza solicitó al Concejo Deliberante: la revisión de su legajo personal para reconocer las categorías que le fueron retiradas, el recálculo de su haber jubilatorio en base a los aportes correspondientes a su trayectoria completa, y una compensación económica por los perjuicios sufridos.

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"Confío en la sensibilidad y compromiso de este cuerpo legislativo para garantizar la justicia y reparación que corresponde a un trabajador que dedicó dos décadas de su vida al servicio de la comunidad", concluyó.

El testimonio de Barboza

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