¿Espionaje o seguridad? EE. UU. Exigirá redes sociales para dar visas estudiantiles

En un nuevo giro en las políticas migratorias de Estados Unidos, el Departamento de Estado estableció que los extranjeros que deseen estudiar en ese país deberán hacer públicos sus perfiles en redes sociales. Esta medida busca facilitar una revisión minuciosa por parte de los funcionarios consulares, con el objetivo de detectar contenidos considerados hostiles hacia el Gobierno, la cultura o las instituciones estadounidenses.

A fines de mayo, la administración estadounidense suspendió temporalmente la emisión de visas para estudiantes internacionales, a fin de ajustar los nuevos requisitos. Aunque se espera que pronto se reanuden las solicitudes, quienes aspiren a ingresar bajo una visa académica deberán permitir el acceso abierto a sus redes sociales como condición para continuar el trámite.

"La revisión reforzada de las redes sociales garantizará que estemos examinando adecuadamente a cada persona que intenta visitar nuestro país", declaró un funcionario del Departamento de Estado, según recogió la agencia AFP. La exigencia se enmarca en un decreto firmado por el presidente Donald Trump el mismo día de su asunción, en el que instaba a aplicar controles más estrictos sobre los extranjeros, asegurando que estos no tengan "actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales".

Esta política no llega sin antecedentes. En meses previos, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, revocó las visas de varios estudiantes que habían encabezado manifestaciones críticas contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Más recientemente, el Departamento de Seguridad Interior anunció que examinará también las redes sociales para detectar posibles expresiones antisemitas, las cuales podrían ser motivo de rechazo de la visa.

Aunque el Gobierno de Trump presenta la disposición como una novedad en materia de seguridad nacional, lo cierto es que desde hace más de una década se realiza un control sobre la actividad digital de quienes solicitan ingresar a EE. UU., especialmente en los trámites migratorios y de residencia permanente.

En paralelo, continúan los desafíos legales a estas restricciones. Esta semana, la jueza federal Allison Burroughs prorrogó la suspensión de la orden presidencial que prohíbe el ingreso de estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard. En su fallo, argumentó que la disposición de la Casa Blanca amenaza derechos constitucionales fundamentales como la libertad de pensamiento, expresión y palabra: "Cada una de estas libertades es un pilar de una democracia que funciona y una protección esencial contra el autoritarismo", señaló.

La medida de Trump, ahora momentáneamente frenada, buscaba impedir la matrícula de extranjeros en Harvard para el ciclo académico 2025-2026. La universidad, en respuesta, advirtió que esta política podría obligar a muchos estudiantes a trasladarse a otras instituciones o incluso perder su estatus legal.

Jason Newton, portavoz de la prestigiosa casa de estudios, calificó la decisión del Ejecutivo como "ilegal" y motivada por un ánimo de represalia. "Amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación", sostuvo.

Las restricciones migratorias aplicadas bajo el argumento de la seguridad nacional continúan generando un intenso debate dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente en momentos en que se redefinen los límites entre protección estatal y libertades individuales.