10/06/2025

El Bona

Argentina y el FMI: siete décadas de deuda y dependencia

Argentina lleva casi 70 años vinculada al Fondo Monetario Internacional. El ingreso formal se concretó el 19 de abril de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro E. Aramburu, tras el golpe militar de la autodenominada Revolución Libertadora, cuando el país se incorporó a los acuerdos de Bretton Woods.

Durante más de siete décadas, la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional ha estado atravesada por crisis recurrentes, ajustes económicos y una montaña de compromisos financieros. En ese período, el país firmó 22 programas con el organismo y desembolsó más de 182.000 millones de dólares. Sin embargo, el costo no se mide solo en capital: en los últimos 30 años, Argentina también pagó casi 27.000 millones en intereses y cargos, una cifra que desnuda la carga que representa esta histórica dependencia.

Aún sin la nueva deuda tomada por Javier Milei, el país es el mayor deudor del FMI

Con la firma del 23° acuerdo, el gobierno de Javier Milei busca revertir esa lógica y reordenar el frente financiero. El programa recién aprobado incluye un préstamo por 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 estarán disponibles durante 2025 como fondos de libre disponibilidad. Según el Ministerio de Economía, estos recursos permitirán recomprar Letras Intransferibles en poder del Banco Central, con el objetivo de mejorar su balance y recuperar autonomía monetaria.

La estrategia oficial también contempla un ambicioso paquete financiero adicional. A los desembolsos del FMI se sumarán 6.100 millones de dólares provenientes de otros organismos multilaterales, además de la renovación del swap con China por 5.000 millones y un nuevo acuerdo de financiamiento bancario (Repo) por otros 2.000 millones. En total, el Gobierno proyecta recibir hasta 21.300 millones de dólares este año.

A la par de este nuevo respaldo, el Ejecutivo anunció una de las medidas más significativas desde el inicio de la gestión: a partir del 14 de abril se levantará el cepo cambiario. El nuevo esquema cambiario se basará en una banda que buscará mantener el dólar entre los 1.000 y 1.400 pesos, sin restricciones para la compra de divisas. La administración Milei insiste en que el equilibrio fiscal será el pilar para evitar las fallas del pasado.

FMI: una relación tóxica de seis décadas | La tinta

El problema es que la historia no juega a favor. Desde 1958, Argentina comprometió casi 240.000 millones de dólares en acuerdos con el FMI, aunque solo recibió poco más del 75%. Los dos últimos programas -el stand-by de 2018 bajo Mauricio Macri y el acuerdo de facilidades extendidas de 2022 con Alberto Fernández- terminaron en crisis, refinanciaciones y desconfianza mutua. Hoy, incluso sin contar el nuevo préstamo, el país es el mayor deudor del organismo, concentrando cerca de un tercio de toda su cartera global. Ucrania y Egipto completan el podio.

Un informe de GMA Capital resume el patrón común en los acuerdos con el Fondo: ajuste fiscal, tipo de cambio flexible y autonomía del Banco Central. Tres exigencias que Argentina históricamente incumplió y que ahora Milei vuelve a firmar como condición para acceder al nuevo programa.

Pero los desafíos no se limitan al compromiso con el FMI. Aún restan pagar 41.000 millones de dólares del acuerdo renegociado en 2022, una deuda que reestructuró los 45.000 millones del préstamo tomado por el gobierno de Macri. A partir de 2027, el país enfrentará vencimientos críticos, incluyendo un pago de 12.700 millones en capital e intereses solo ese año.

Mientras tanto, el Banco Central navega aguas turbulentas. Las reservas netas siguen en terreno negativo (alrededor de USD -10.000 millones), y en los últimos meses la autoridad monetaria quemó unos 3.000 millones en operaciones para contener la brecha cambiaria. Una práctica que el FMI cuestiona reiteradamente por considerar que distorsiona el funcionamiento del mercado y erosiona el margen de maniobra del propio BCRA.

La nueva etapa con el Fondo promete respaldo financiero, pero también impone obligaciones estrictas. La sostenibilidad de este camino dependerá no solo del cumplimiento técnico de las metas, sino también de la estabilidad política, la capacidad de sostener el ajuste y, sobre todo, de generar crecimiento. Sin ello, la historia podría repetirse una vez más.

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