La CGT contra el DNU: fuerte rechazo a las restricciones al derecho a huelga

Tal como lo había anunciado días atrás, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia laboral con el objetivo de suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei busca limitar el derecho a huelga, un derecho consagrado por la Constitución Nacional.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, mediante un escrito que cuestiona la constitucionalidad del decreto desde diversos ángulos. Uno de los principales argumentos es que "la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, sino mediante una ley sancionada por el Congreso", en línea con lo que establece el debido proceso legislativo.

Además, el texto advierte que el DNU no solo contraviene la legislación nacional, sino también tratados internacionales con jerarquía constitucional, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La acción judicial fue una de las vías anticipadas por la central obrera en su reciente comunicado, donde dejó claro que el rechazo al decreto 340/2025 se expresará "en los tribunales, en la calle o en los lugares de trabajo", en defensa de los "derechos amenazados por el Gobierno".

"La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender", advirtió la central sindical en ese documento.

Un DNU con antecedentes y críticas

El DNU 340, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial, regula aspectos de la Marina Mercante, pero introduce modificaciones al capítulo de los Convenios Colectivos de Trabajo. Redefine qué se entiende por "servicios esenciales" e incorpora el concepto de "actividades trascendentales", limitando el derecho a huelga al exigir una cobertura mínima del 75 % en servicios esenciales y del 50 % en los trascendentales.

Este decreto recuerda al polémico DNU 70/2023, que también intentó avanzar sobre derechos laborales, y cuyo capítulo laboral fue luego declarado inconstitucional.

En su presentación, la CGT sostiene que el nuevo DNU fue dictado "sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, en un contexto de normal funcionamiento del Congreso". Y recuerda que dicho artículo establece que "el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".

Para la central obrera, el objetivo del decreto es "cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras" y, al mismo tiempo, debilitar la acción sindical. "La limitación del derecho a huelga debilita la capacidad de acción gremial y consolida relaciones laborales desiguales", concluye el texto presentado ante la jueza Fullana.