11/11/2024

Nacionales

95 empresas fueron imputadas por incluir tasas municipales y provinciales en las facturas

La medida fue realizada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y hay hasta el momento un total de 244 expedientes abiertos acerca de la imputación.

Un total de 95 compañías distribuidoras de los servicios de energía eléctrica y gas fueron imputadas este lunes por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía por haber incluido tasas o cargos municipales o provinciales en las facturas. Como consecuencia, se abrieron 244 expedientes relacionados a las imputaciones, detallando en cada uno de ellos las localidades en donde se incumplió con la medida.

Las facturas en las cuales se incluyen las tasas/cargos municipales y/o provinciales fueron emitidas a los consumidores con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró a regir la Resolución 267/2024 en donde se especifica que queda prohibido incluir estas tasas en las facturas de los servicios.

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Las empresas que fueron imputadas se ubican tanto en la provincia y ciudad de Buenos Aires como en varios puntos del país, tales como: Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.


Una vez que las empresas sean notificadas en su totalidad acerca de esta imputación, tendrán hasta cinco días hábiles para poder hacer su descargo. Una vez que pase ese tiempo, la Secretaría de Industria y Comercio emitirá una sanción para todas las empresas que no cumplieron con la norma vigente en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta 2.130 millones de pesos.

Cabe resaltar que la Resolución 267/2024 que fue publicada el 10 de septiembre le otorgaba un plazo de treinta días a las empresas para que se ajusten a la nueva normativa establecida. Además, esta norma incluye a todas las empresas de servicios públicos de todo el país y a aquellos que se dedican a la comercialización de bienes.

Esta decisión fue tomada por la Secretaría de la Industria y Comercio como respuesta a las denuncias que se han realizado públicamente acerca de las tasas e impuestos que se incluyen en las facturas de los servicios esenciales en los distintos municipios y provincias del país.


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