30/09/2024
El intendente de La Matanza accedió tras haberse negado durante tres años y nombró a dos peritos de parte.
El intendente de La Matanza Fernando Espinoza será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas por la causa en la que está siendo investigado por abuso sexual. Luego de haberse negado por tres años, el político aceptó tras un pedido de la querella. Hasta el momento no se definió la fecha en la cual se llevarán a cabo los procedimientos pero Espinoza ya nombró a dos peritos de parte.
Desde la defensa de Fernando Espinoza presentaron un escrito en donde lamentan que la denunciante y ex secretaria del intendente Melody Rakauskas no se someta también a las pericias. Las mismas no son de carácter obligatorio sino voluntario, debido a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Cabe recordar que la causa está siendo tratada e investigada desde hace tres años.
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza
La última noticia con respecto al avance de la causa ocurrió hace un mes y medio atrás cuando Fernando Espinoza no se presentó a la medicación con la denunciante mediante una videoconferencia. En aquella oportunidad, la demanda de Rakauskas estaba caratulada por "daños y prejuicios".
La causa comenzó cuando a principios de julio la Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual a Melody Rakauskas, lo que dejaba la causa a un paso del juicio oral y publico sumado a un embargo de $1.500.000 sobre los bienes del intendente.
La denunciante Melody Rakauskas
La Cámara había ratificado la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galletti luego de que Espinoza haya sido procesado por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, debido a que el acusado había llamado por teléfono a la denunciante para que retire la denuncia en su contra pese a tener una prohibición de acercamiento a la víctima.
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Pese a que los jueces fallaron de la misma manera que el fiscal Mauricio Viera, Fernando Espinoza apeló en la Cámara de Casación Nacional. De esta manera, sus abogados, María Paola León y Germán González Campaña, sostienen que la condena "no está firme" y le solicitaron a la Justicia "que se abstenga de ejecutar la decisión dictada por el Superior hasta tanto no se resuelva el recurso de casación y eventual queja".
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