La noticia de este fin de semana en la provincia de Buenos Aires fueron los enfrentamientos que se suscitaron en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, donde una toma de terrenos terminó con un saldo de cinco personas fallecidas.

Para conocer más en detalle lo que ocurrió en aquel lugar, El Bona TV habló en exclusivo con Rodrigo Tripolone, abogado de uno de los dueños de las tierras damnificado por la usurpación.

"Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con este caso. Él me vino a ver a principio del año pasado y lo asesoré, hizo las denuncias. Luego de eso empezamos a incorporar pruebas porque la toma empezó con pocas personas, unas pocas familias que se asentaron en el lugar y fue creciendo exponencialmente. El problema es que la violencia también empezó a escalar", detalló el letrado.

"Esteban, la persona que yo estaba representando en ese momento, tenía un casero y todas las noches era común de que se levantara y hubiera agujeros de bala en la construcción. Ya era algo de todas las noches, enfrentamientos con la policía, empezaron a haber grupos organizados que estaban encabezados por dos o tres personas para las tomas. De hecho, él tenía a alguien que estaba metido en ese grupo de WhatsApp y se veía como estaban perfectamente organizados para entrar de forma violenta", agregó.

Luego de una innumerable cantidad de reclamos dentro del plano legal, la Justicia determinó en abril del año pasado dictar una medida de "no innovar". Es decir, no modificar nada: la gente que ya estaba ahí se quedaría mientras avanzara la investigación.

No obstante, esto no sucedió. De hecho, más gente fue llegando al predio, luego de comprarle parcelas a los grupos que organizaron la toma.

"Se organizaban por WhatsApp e iban y hacían la toma directamente. Con violencia ingresaban al lugar con camionetas cargadas con casillas de madera y directamente entraban a hacer la posesión de la forma más violenta posible, todos armados", remarcó Tripolone.

"Tengo un escrito del día 23 de junio donde tanto mi cliente como yo estábamos cansados, porque había una inactividad tremenda y les dije que esto no íbamos a ver nada hasta que sucediera un hecho de sangre. De hecho, se lo dije a mi cliente, no vamos a tener ningún avance en la causa hasta que no muera una persona. Lamentablemente estamos teniendo que ver morir gente", lamentó.

"Los terrenos fueron vendidos por muy poco dinero y después que empezaron a parcelar más y que fueron más codiciados aumentaron de precio. Y así vemos que el Estado no intervino. La ausencia estatal es completamente evidente. Además, estas personas contaban con el apoyo de grupos que están ligados al poder en La Matanza", denunció el letrado.

"Al principio fueron cuatro o cinco familias las que ingresaron, pero los delincuentes empezaron a venir después. Yo recuerdo que el año pasado se llevaron detenida a Juana Correa, que era una de las organizadoras de estas tomas. No sé qué participación tendrá ahora en esto que acaba de ocurrir. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, se dio todo para que con el aval de la Justicia y, además, el apoyo de determinados sectores del gobierno municipal, lleguemos a esto", agregó.

El abogado sostuvo que la Policía no entraba al predio. No porque liberaraba la zona, sino que por la vasta cantidad de tierras que hay, cuyo control es prácticamente imposible.

"¿Cómo hacemos para controlar un territorio tan grande? Mi cliente tenía 80 hectáreas. ¿Cuánta policía? ¿Cuántos patrulleros hacían falta? Si todos los días estaban yendo por los enfrentamientos que había. Era evidente que era un caldo de cultivo para que estos delincuentes fomentaran este tipo de actividades delictivas", remarcó.

Esteban, su cliente, adquirió 80 hectáreas del predio en el transcurso del año pasado, casi al mismo tiempo en que comenzó a ser hostigado e iniciaron las primeras tomas. Hoy, con temor, prefiere no hablar por miedo a sufrir represalias de parte de los grupos violentos que coparon el lugar.

"Él tuvo un inconveniente con una de las fiscales que estaba investigando el caso, que ahora se encuentra separada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ella le dijo que si él no le presentaba la documentación iba a ser él quien tuviera problemas. O sea, en vez de investigar a las personas que estaban ingresando al lugar, se la agarró con él. O sea, pasó de ser víctima a ser tratado como un victimario", explicó Tripolone.

"Nosotros aportamos muchos vídeos, muchas pruebas. Las cadenas de WhatsApp, de cómo los grupos se organizaban, porque había gente que le comentaba a Esteban. Y no hicieron nada. La inacción por parte de las autoridades provocó que estemos hablando hoy de estas cinco personas fallecidas", agregó el abogado.

"Las personas tienen miedo. Entiendo que ingresaron gente de buena fe, más allá de que han comprado a estos sinvergüenzas, pero son personas que tienen un déficit habitacional, que buscaron hacerse de un lugar donde poder crear su casa, tener a su familia", sostuvo.

"El particular se tiene que hacer cargo de la falta de una política habitacional muy grande, un déficit habitacional. Es lamentable porque eso le ocurre a muchos propietarios. Muchos propietarios tienen que soportar que los intrusos ingresen a su vivienda y no salgan nunca más. O sea, lamentablemente la ley no es aplicada. Existe algo que es un desalojo anticipado, uno lo pide y lo tienen que hacer, ya sea en el foro civil o el foro penal, ambos están capacitados para hacerlo porque lo dice la ley. Nadie lo aplica, nadie lo hace", concluyó el letrado.