Según denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe, los casos de violencia policial se mantienen impunes en Argentina por encubrimiento e investigaciones judiciales deficientes que solo indagan en las versiones oficiales y amenazas a las víctimas.

"Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad. Los procesos de rendición de cuentas de la actuación policial no muestran un compromiso serio con la justicia y reparación de las víctimas", sentenció la directora ejecutiva de la ONG en Argentina, Mariela Belski.

En el informe titulado "Violencia policial: ¿qué pasa después?", AI da cuenta de las diversas dificultades que enfrentan las investigaciones ante hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, a lo largo y ancho del país. Éste presenta casos de investigaciones deficientes en todo el territorio argentino.  

Uno de ellos es el de Luciano Arruga, el joven matancero de 16 años quien desapareció el 31 de enero de 2009, y su cuerpo fue encontrado e identificado en 2014, cinco años después, luego de permanecer enterrado como NN en un cementerio.

“Catorce años después, la causa judicial que tiene que investigar y esclarecer su desaparición y su muerte continúa en etapa de instrucción”, señaló la organización internacional

Para AI, la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga se enmarca en otro eje: la inexistencia de una política integral de búsqueda de personas desaparecidas. Así, entre otros puntos, Amnistía marcó que, pese a que Argentina cuenta con un Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) creado por decreto en el año 2016, junto con un Protocolo de actuación en casos de Personas desaparecidas y extraviadas, este sistema en la práctica dista mucho de ser efectivo por múltiples factores, tales como “el no apartamiento de la fuerza sindicada como responsable, prácticas discriminatorias y prejuiciosas sobre la persona buscada y su familia y falta de cruce de datos disponibles en las diferentes agencias estatales. Todo ello contribuye a la impunidad de los crímenes que en algunas situaciones pueden involucrar la desaparición forzada de personas”.