El máximo tribunal provincial se expidió sobre un reclamo interpuesto por una asociación ambientalista y resolvió interrumpir la circulación de autos y motos en dirección a Barranquitas y El Arenal.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al reclamo de una organización ambientalista y resolvió clausurar puentes de acceso vehicular a dos islas del partido de San Nicolás.

La novedad se dio a conocer recientemente, luego que el máximo tribunal se expidiera en la causa llevada a cabo por la ONG Foro Medio Ambiental (FOMEA) en reclamo por el tránsito de autos y motocicletas en el camino señalado.

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El procedimiento, impulsado por el abogado Fabián Maggi en mayo de 2021, planteaba la inconstitucionalidad de diferentes artículos de la Ordenanza N° 9949, que establece el Código Urbano Ambiental del distrito.

Casi dos años después, la Corte falló a favor de la ONG y determinó la clausura de los puentes vehiculares de acceso a las playas Barranquitas y El Arenal, frecuentadas asiduamente por turistas en la temporada veraniega.

“Proceder, sin dilaciones, a la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela que se dispone en la presente; lo que incluye los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos que conducen a las playas Barranquitas y El Arenal”, ordena el fallo.

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La resolución está firmada por el titular del tribunal, el juez Sergio Torres, y los ministros Luis Genoud, Daniel Soria e Hilda Kogan y exige la clausura inmediata.

El Municipio de San Nicolás, a cargo del macrista Manuel Passaglia, acató el fallo y argumentó que este martes procedería a cerrar los puentes vehiculares, no sin antes cuestionar la medida.

“Es en contra de la gente. Lo entiendo porque en nuestra ciudad hay una oposición que resta, que no hace nada y encima no deja hacer”, disparó el jefe comunal, en diálogo con la radio U.

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“Lo vamos a acatar como corresponde, pero vamos a hacer las presentaciones correspondientes porque queremos tener las playas para los vecinos”, agregó.

Por su parte, Maggi sostuvo que FOMEA no está en contra de que la gente vaya a las playas, sino que rechazan la “ilegalidad” del gobierno municipal: “Con la excusa de darle a la gente balnearios, tienen otros proyectos”, remarcó, en una entrevista con radio Net.

"Esto no es una denuncia, sino una demanda de inconstitucionalidad por la ilegalidad en el obrar municipal; tanto en la sanción de las ordenanzas, como en las obras que ejecutó", concluyó el abogado.

Foto gentileza diario El Norte