La denuncia comenzó hace mas de 20 años y recientemente los demandantes comenzaron a mover la causa. Los vecinos están desesperados y el municipio no da respuestas.

Decenas de vecinos de Esteban Echeverría, están pasando por una situación lamentable, puesto que sus casas están al borde de ser rematadas, debido a una causa que gira en torno a una obra de gas que comenzó en 1995. Donde la empresa Hansen pretendía llevar a cabo la instalación de una red de gas. La cual, les ofreció a los residentes el tendido del suministro, sin embargo antes de emitir los últimos pagarés está desapareció y vendió los contratos a un estudio jurídico.

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Tras 27 años de que esta situación quedará en pausa, se “reactivaron” los pagos de los contratos faltantes, para lo cual este espacio le solicitó una suma millonaria a los “deudores”. “El último recibo que tengo es del 4  de octubre de 1995, por un monto de 155 pesos, el cual pague antes de que la empresa desapareciera”, comentó Antonia Susana Olagüe, una de las damnificadas a El Bonaerense.

Por otro lado, según contó esta mujer de 75 años, la compra de ese proyecto fue establecida entre la empresa y los vecinos, bajo un contrato en blanco. “En mi caso elegí en plan C donde podía pagar en 8 cuotas de 68 pesos, que en aquella época por la convertibilidad equivalían a 68 dólares”, recordó la vecina y añadió: “Todo se manejaba sin firma por parte de la empresa y bajo contrato en blanco, donde solo estaba subrayado el plan de pago”.

Bajo este mecanismo, los vecinos comenzaron a pagarle a Hansen, que en ese entonces se localizaba en Avellaneda. Sin embargo, al poco tiempo, la empresa se mudó a Monte Grande, de ahí se volvió a mudar nuevamente, hasta que los damnificados le perdieron el rastro. Los cuales, muchos de ellos debían una sola cuota, que no pudo pagarse debido a que no tenían a la entidad para hacer los pagos.

Una causa en contra de los vecinos

Actualmente, tras 24 años la causa volvió a reaparecer en la justicia, puesto que durante la pandemia comenzó a  moverse sin darle aviso a los damnificados. Según detalló  el Abogado defensor Martin Rodríguez, la deuda fue vendida a Gálea María, quien tras fallecer paso a cargo de sus sucesores, quienes están siendo representados por un estudio jurídico de Esteban Echeverría. “Los mismos que están llevando adelante estas ejecuciones, están vinculados con la obra pública provincial, puesto que se trata de un proyecto de suministro de gas”, dijo el abogado y agregó: “ Lo que da a entender es que están en contra de los vecinos, puesto que dan el gas, pero te quitan la casa”.

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Así mismo, el representante de los damnificados le aseguró a este medio que, tras tener conocimiento de esta causa, realizó una serie de presentaciones ante la justicia.  Las cuales, están a la espera de una respuesta, por parte del Juzgado Civil y Comercial N°6 de Lomas de Zamora.

“Ahora aparecieron para aprovecharse de los vecinos, pidiendo una suma excesiva de dinero por una sola cuota no paga”, manifestó Laura Pedelaborde, otra de las damnificadas, quien añadió: “Se aprovechan de personas humildes y trabajadoras, a quienes no les sobra la plata, exigiéndoles cifras exorbitantes e imposibles de pagar”.

Por otro lado, los involucrados son más de 10 vecinos, según detalló el abogado, quienes se ubican en  distintos puntos del distrito como Monte Grande, El Ceibo, Canning y El Jagüel. Ante esto Rodríguez detalló: “ Tuve conocimiento de esta situación en el año 2000, cuando era secretario de tierra y viviendas en Esteban Echeverría, allí varios vecinos  me habían notificado de que les iban a rematar y subastar sus propiedades, por una obra de gas  realizada por el municipio con un fondo privado, la cual tuvo lugar en el año 1995”.

Al tener conocimiento de esta problemática, el abogado se contactó con Walter Martelo, quien hoy es Defensor de Pueblo de la provincia de Buenos Aires. “Propusimos una ley en la provincia de Buenos Aires, que fue la ley 12.412, gracias a la cual se suspendieron las ejecuciones de sentencias, vinculadas con la Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires”, manifestó.

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Contratos con sumas millonarias

No obstante, las ejecuciones se podían llevar a cabo porque había intercedido la provincia, mientras que se intentaba establecer alguna solución;  de esta manera, se respalda a los vecinos para que no sean despojados de sus viviendas. “Hay que recordar el contexto histórico del año 1995, en que estaba establecido el famoso “uno a uno”, a los vecinos se les hacía firmar contratos abusivos desde la perspectiva del derecho, puesto que se manejaron con montos en dólares, que les hizo contraer deudas en esa moneda”, comentó el abogado.

Tras varios años en suspenso y considerando que la situación se había solucionado, nuevamente Susana dio aviso a Martín Rodríguez , asegurándole que esto estaba muy lejos de terminar. “Un día, llega Susana Olagüe llorando a mi despacho y me dice que un agrimensor se había presentado ante ella y le dijo que le iban rematar la casa si no pagaba 100 mil pesos”, recordó el abogado.

Ante esta situación se estableció una “prescripción ejecutoria”. “Esta establece que, al no haber una sentencia en 10 años, esta pasa a ser una obligación natural, por lo que se hace una solicitud, a través de un escrito que lo presenté y fue avalado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia”, detalló Rodríguez. De esta manera, se busca que esas prescripciones queden sin efecto, para que esas sentencias de trance y que los remates no puedan realizarse después de 24 años, considerando que el tiempo límite es de 10.

A su vez, tanto para Antonia como para su abogado, es extraño que esta causa continúe, considerando que han pasado más de 20 años. “El expediente lo movieron el 26 de noviembre del 2021, durante la pandemia, lo que me dio a  entender que estuvieron trabajando para ver si ya había fallecido. Algo aberrante porque en ese contexto mucha gente se estaba muriendo y aprovecharon para agilizar esta causa”, denunció la Jubilada.

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El gobierno local no da respuesta

Cabe mencionar que, los vecinos se presentaron en el municipio antes de ir por la vía legal, pero al no tener respuesta, debieron tomar la iniciativa y responder desde lo judicial. “En cuanto al municipio no sabría decir, porque no se si no se quisieron comprometer, ya sea por desconocimiento del tema o no saber cómo solucionarlo, pero lo que sabemos es que el estudio que está llevando adelante las ejecuciones, es muy cercano al actual intendente”, manifestó el abogado.

Esto dejaría al municipio como “cómplice por inacción” ante este problema, en el cual, se le exige a los vecinos la fuerte suma de 7 mil dólares (en algunos casos les piden un monto de 300 mil pesos). Con lo cual, algunos lugareños ante su inexperiencia jurídica o su desesperación por perder la vivienda,  se suscriben algún reconocimiento de deuda por esa suma de dinero. La cual, es imposible de pagar e incluso podrían estar aportado toda su vida, sin llegar a concretar ese monto, aseguró Martin Rodríguez.  

Sin embargo, el sumario comenzó a analizarse recién el 25 de julio del 2007,  hasta que se estableció el pedido de desarchivo el pasado 2 de diciembre del 2020. Por lo tanto, durante más de 12 años, el expediente  estuvo archivado por el juzgado interventor. El cual, el 31 de marzo del 2017, lo había pasado al Archivo Departamental.

Pretenden que los vecinos vuelvan a comprar sus casas

Ante esto Susana aseguro que: “En La Plata está la escritura de mi propiedad, incluso me habían avisado que me mandaron una intimación que nunca me llegó, donde estaba establecido que la causa se había movido el 26 de noviembre del 2021, en plena pandemia. Con lo cual nunca supe a donde me tenia que presentar”, comentó Olagüe.

Por otro lado, Laura aseguró que a su madre le habían exigido una suma de una millonaria en pesos, dejando en evidencia la estafa. “A pesar de tener todos los recibos, no es justo que por una sola cuota nos exijan el monto 7.771 dólares, es un abuso terrible, porque se están aprovechando de gente grande”, manifestó la vecina y añadió: “Mi mamá es discapacitada tiene una pierna que no la puede mover, no es justo que hagan esto, queremos que se respete el acuerdo y que no nos desalojen”.

Cabe mencionar que, al ser varios vecinos cada causa es particular, aunque en el caso de Antonia Olagüe, su abogado tras presentar la prescripción ante el Juzgado busca liberar a sus defendidos de esa obligación. Puesto que según aseguró Rodríguez: “Se trata de un abuso que busca generarle deuda a los vecinos y es su defecto quitarles sus propiedades, considerando que pasó más de 20 años”. Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la justicia.

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Así mismo el Martin Rodríguez concluyó: “Mi preocupación es que los vecinos estén atentos, en caso de que les aparezca alguna notificación de deuda de su domicilio, que se asesoren con un abogado. Principalmente porque esto ya pasó en el 2001, por eso les pido a los vecinos que por favor se reúnan entre ellos y que no dejen avasallar sus derechos, y en caso de que el municipio no los puedan asesorar que se acerquen a la Defensoría del Pueblo”.