El gobierno derogó este miércoles un decreto de la gestión anterior que regulaba los precios de los servicios de internet, líneas de telefonía celular y televisión por cable, permitiendo ahora que las empresas establezcan libremente sus tarifas.

El cambio fue oficializado a través del Decreto 302/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por Milei y su gabinete de ministros. Esta medida sigue la misma línea que la derogación de la regulación de precios en el sistema de las prepagas realizada previamente.

El decreto señala que "resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios".

"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", informa el decreto 302/2024.

Esa parte seguirá vigente con respecto a la normativa que regía hasta ahora, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta".

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Con esta decisión, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya no tendrá la capacidad de intervenir en la fijación de precios, dejando a las empresas de telecomunicaciones con mayor autonomía en este aspecto.

En 2020, el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 690 con el objetivo de regular los precios de los principales servicios de telecomunicaciones en Argentina, un sector vital que incluye televisión por cable, telefonía fija y móvil, e Internet.

Este decreto declaró a estos servicios como públicos en competencia, congelando sus precios por un período inicial y otorgando al Estado la potestad de controlar cualquier aumento futuro. Sin embargo, este control se vio limitado por medidas cautelares presentadas por las principales empresas del sector ante la Justicia.

Como resultado de la eliminación de este decreto, aún no hay información sobre aumentos en los precios por parte de las empresas del sector, aunque se espera que puedan haber incrementos a futuro.